Con la salida del gobierno de Esteban Conte Grand, parece que vuelve a escena, el debate sobre la baja de la imputabilidad para los menores.
Esteban Conte Grand, jefe de gabinete del Ministerio, era el segundo en Justicia, que está a cargo de Germán Garavano.
Su reemplazo es Martín Casares, que hasta hoy era Subsecretario de Política Criminal. Subsecretaría que tiene a cargo la redacción del nuevo proyecto sobre criminalidad juvenil.
El debate apareció sobre el tapete, al final del año pasado, a propuesta del gobierno, inmediatamente después del crimen de Brian, en Flores, Ciudad de Buenos Aires, cuando fue asesinado por un adolescente de 15 años (click aquí).
Un debate con historia: se instaló en el gobierno de Menem, en el de Duhalde y volvió en el 2004 luego del asesinato de Axel Blumberg.
Siempre bajo las mismas circunstancias: cuando aparece un delito perpetrado por un menor, con amplia repercusión pública, y en vísperas de un acto electoral.
La última vez, fue instalado por el ex diputado Martín Insaurralde, en el año 2013, como tema de la campaña de las elecciones legislativas.
A principio de este año, el debate pareció postergarse, luego que obtuvo un amplio rechazo de diferentes organizaciones sociales infanto – juveniles y de derechos humanos (Click aquí) y de un amplio arco de la oposición.
Dice Florencia Vallio, (Coordinadora del Área Derechos de Niñez y Adolescencia (Andhes): “Bajar la edad de imputabilidad en Argentina es una medida ilegal. Va en contra de los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En particular, es contraria a la obligación del Estado de avanzar progresivamente en el reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Reducir la edad mínima de responsabilidad penal, es una medida regresiva, que incumple con lo establecido por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas”…”Según cifras de Unicef, del total de 2000 homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos 200, en sólo 15 casos participan menores de 16 años”.
En oportunidad de querer dar comienzo al debate, El Ministro de Justicia Garabano, respondió al argumento del bajo impacto estadístico, en un reportaje que le hiciera Clarín el 4/1/2017 (Click aquí): “Nosotros entendemos que sí son un factor importante. Son víctimas y victimarios del delito… Lo que pasa es que hoy sólo hay estadísticas de casos ingresados: los jóvenes, al ser inimputables, no figuran en esos registros. No se puede seguir escondiendo el tema del delito juvenil debajo de la alfombra”.
Para María Elena Naddeo (Directora general de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la CABA): “Derogar la Ley 22.278 –Régimen penal de menores– es un desafío de difícil concreción. Solamente válido si se reemplaza por un sistema que ofrezca además del debido proceso, penas adecuadas, y dispositivos de responsabilización a través de medidas socioeducativas con la privación de libertad como última ratio, en la misma franja etaria de 16 a 18 años. Para los chicos menores de 14 y 15 años, es preciso desarrollar nuevas políticas de protección de derechos renovados y actualizados que hoy no existen. No a través del sistema penal” (Click aquí).
Un artículo publicado por este portal, Realidad Sanmartinense, donde se reproduce la nota del Blog de Infancia y Adolescencia de nuestra ciudad (Click aquí), fija posición: “Creemos que desde el Estado se deben atacar las verdaderas causas de la inseguridad, como el desempleo, la falta de educación, la pobreza, la marginalidad y el narcotráfico, entre otras, en lugar de buscar una criminalización de los niños/as y adolescentes, y los pobres en general”…… “Si con la prevención no alcanza y el niño/a o el adolescente delinquen y se topan con un “nuevo régimen penal juvenil”, este, debe acompañarlos y promover sus derechos, fortaleciendo su egreso evitando nuevos conflictos, trabajando en un nuevo proyecto de vida”.
Si entonces el debate pareció saldado y postergada la presentación de algún proyecto, el Presidente Macri volvió al ruedo, en el discurso inaugural de la Asamblea Legislativa del 1º de marzo. Allí dijo: “Si queremos resolver el tema de la inseguridad tenemos que dar un debate serio sobre el nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil».
Algo cambió en la agenda política; probablemente el recrudecimiento de las protestas sociales y la situación socioeconómica, requieran del gobierno, desviar el foco de atención de los medios, y tomar alguna iniciativa que los ponga en el centro del ring.
El gobierno y sus analistas, vienen observando que actúan permanente en forma defensiva. Quizá entiendan que es hora de tomar alguna vez la ofensiva. A propósito de haber elegido como principal contrincante al kirchnerismo, como polarizador de la campaña, también pretenden imitar su juego; que siempre se caracterizó por marcar la agenda política y evitar que se la impongan.
Este último cambio de funcionarios en el Ministerio de Justicia, podría anticipar la nueva estrategia.
Por ello, frente a los posibles embates de los ensayos de un pretendido populismo de derecha, es bueno estar prevenidos, para que como dice aquel controvertido periodista: “que no te tomen de boludo”.
Ensayos populistas: La oportunidad de la instalación del debate sobre la baja de la imputabilidad para menores

