En una reunión, vía teleconferencia, el presidente Alberto Fernández les comunicó a los gobernadores con quienes dialogó por más de cuatro horas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se extenderá hasta por lo menos el jueves 23 de abril y las actividades que iban a tener ciertas flexibilizaciones para poder circular, serán muy pocas.
“La cuarentena no se va a levantar. Cualquier nueva excepción que se haga no es terminar la cuarentena”, les resaltó el Presidente a los gobernadores, según indicaron fuentes oficiales. Si bien hubo anuncios oficiales hasta el momento, fuentes periodísticas cercanas al Gobierno Nacional, indicaron que el presidente evalúa extender el aislamiento hasta el próximo jueves 23 y que el anuncio oficial será el domingo de Pascuas.
Las mismas fuentes adelantaron que el presidente tiene en mente autorizar la construcción, primero del sector público y luego del sector privado. La intención también es permitir que retomen algunos pocos rubros de la industria y del comercio pero con protocolos de salud muy rígidos y de manera muy selectiva: horarios reducidos y un máximo de gente junta.
El círculo chico del entorno del presidente indicaron que Fernández no quiere flexibilizar la cuarentena justo cuando se espera el pico de casos. Es por ello que no tiene previsto que se retomen ni los vuelos de cabotaje ni el transporte público terrestre de media y larga distancia entre provincias.
Los gobernadores dieron el visto bueno para extender la cuarentena y en virtud de ello, el presidente daría recomendaciones para que las provincias lo ejecuten “a su manera”. Además les solicitó a los gobernadores que desplieguen campañas y sistemas de protección de los adultos mayores, para evitar lo vivido en los bancos el viernes pasado.
El anuncio de recursos para las provincias -en abril habrá unos $ 20 mil- es un dato político con tres mensajes: garantiza recursos para salarios y funcionamiento de las provincias, sostiene a los municipios y espanta el fantasma de las cuasimonedas.
Será en dos formatos. Por un lado, $ 60 mil millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN); por el otro, un fondo fiduciario por el mismo monto a una tasa de 25% anual.
Con eso, el Presidente atendió una demanda recurrente de los gobernadores y los alcaldes: tener recursos para pagar los sueldos y mantener los servicios básicos frente a una caída monumental de sus ingresos.
