Son once vecinos que viven en un terreno el cual María Inostroza, vecina del barrio Cantera, ocupan hace 39 años. La Justicia le dio cinco días para desocupar el predio y este miércoles, justo al comenzar la Fase 1 en la ciudad, irá a tomar posesión del mismo.
La familia explicó desde hace días en vídeos y algunas entrevistas radiales que «perdimos un juicio. El abogado nuestro era Sánchez Galarce (actual Juez de Faltas de la ciudad), mientras fue jefe de mi mamá, nos aseguró que por la cantidad de años que vivimos acá no nos podían sacar. Ese abogado se terminó vendiendo y se hicieron mal los papeles y perdimos el terreno que ocupa mi familia hace 39 años», expresó la hija de María.
«En instancias de juicio se pidieron testigos que puedan comprobar el tiempo vivido allí. Estos mismos fueron puestos a disposición de la Justicia y jamás los notificaron para rendir su declaración y comprobar lo ya dicho. Este fue uno de los «inconvenientes» en el juicio y después de varios más, el abogado ya nombrado, decidió abandonar el caso de un momento para otro. Dejando en la nada todo el conflicto, sin dar solución alguna, ni mucho menos explicaciones. Sólo nos dijo que debíamos buscar otro abogado, el cual fue buscado y presentado. Pero ya no había mucho que hacer. Ante la Justicia se presentó un acta que decía que el domicilio había sido abandonado, lo cual es totalmente falso, porque siempre fue habitado por nosotros y no se dejó en ningún momento», explicó la nieta de María.
Toda la familia de María hicieron numerosos reclamos en la Justicia, donde no fueron escuchados y hasta se presentaron en la Defensoría del Pueblo, donde le indicaron que ya no se puede hacer nada porque el juicio está perdido. «Fue muchísima la manipulación de papeleo que hubo, la cual nos hace estar hoy en día en esta situación de desesperación y angustia», indicaron.
Las familias que residen en dichas viviendas, y que resistirán hasta donde puedan, están compuestas de varios menores. Un bebé de 6 meses, niños y adolescentes que ahora no tienen donde ir a parar si la Justicia ejecuta el desalojo.
En las últimas horas la familia confirmó a este medio que desde Desarrollo Social el pasado martes averiguaron cuánta gente vivía en el lugar, pero ni de Desarrollo Social ni del Instituto de la Vivienda se comunicaron con ellos para brindarles una solución. «Lo único que nos ofrecieron es una ayuda de dinero para pagar un alquiler y lo hicieron desde la Defensoría del Pueblo», explicaron.
En las últimas horas numerosos vecinos comenzaron una vigilia y guardia para resistir el desalojo y acompañar a la familia para evitar que los saquen del lugar que ocupan desde hace 39 años.
