La diputada Parrilli presentó un proyecto para asegurar el derecho al trabajo a personas víctimas de trata

En diciembre de 2021 agrupaciones feministas de diferentes partes del país hicieron la presentación del proyecto de Ley de Erradicación del Sistema Prostituyente, Prevención de la Prostitución y Restitución de Derechos. En esta misma línea la diputada provincial, Lorena Parrilli, presentó un proyecto para garantizar el acceso al derecho al trabajo a las personas víctimas de Trata en la provincia en condiciones de igualdad y no discriminación. 

Respecto a los motivos para crear y presentar este proyecto, la diputada Parrilli explicó que la iniciativa tiene como objetivo lograr que “las víctimas de trata luego de ser rescatadas, puedan ser reinsertadas en el mercado laboral de forma totalmente libre de violencia y/o clandestinidad”. En este sentido detalló: “Para ello es que proponemos como acción directa que se garantice el cupo laboral no menor al uno por ciento (1%) del total del personal de los entes que conforman el Estado Provincial, para ser cubierto por personas víctimas del delito de trata, en cualquiera de las modalidades que asume la relación de empleo público”. 

Asimismo, la funcionaria se refirió al empleo en el ámbito privado y remarcó que la idea es que “no quede ajeno a la problemática”. En este sentido, explicó que por ese motivo: “Se establecen incentivos impositivos para la ocupación de personas víctimas de trata. El cupo y el incentivo impositivo para los privados es un modo de que el estado repare la vulneración de los derechos de las víctimas”. 

Los ejes principlaes del proyecto son 3: 

INCENTIVO AL SECTOR PRIVADO. Institúyase un sistema de incentivos impositivos para las empresas privadas radicadas en la Provincia de Neuquén que ocupen a víctimas de trata y explotación de personas.  

EMPLEO PÚBLICO. Establézcase en el ámbito público de nuestra Provincia la ocupación de víctimas de trata y explotación de personas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no menor al 1%, para lo cual se reservan puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.  

CAPACITACIÓN LABORAL. A los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo. 

El poder Ejecutivo será el encargado de designar la autoridad de aplicación y, además, será el encargado de garantizar espacios de educación formal tanto del nivel primario como secundario. Esto pensando en aquellas personas víctimas de trata y explotación de personas que requieran completar los estudios obligatorios, como así también espacios de capacitación para el empleo y formación laboral. 

“No basta con que el Estado rescate a las víctimas, o al menos no es suficiente, ya que hay que dotarlo de herramientas para acompañar, para que puedan salir de la situación de sumisión, sometimiento y dependencia. Si las personas entraron a un circuito de explotación es porque no tuvieron contención, educación, red, apoyo, estima y autosuficiencia para seguir otro camino, si el Estado no brinda herramientas luego de los rescates, no hace nada para reparar estas vidas. Concluyó la diputada Lorena Parrilli.