Durante la mañana de este jueves se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Concejo Deliberante en la que, entre otros temas, se aprobó el proyecto de Ordenanza de Adhesión a la Ley Yolanda, presentado por la concejal Eliana Rivera, del Bloque del MPN. Con esto se busca desarrollar capacitaciones obligatorias en temáticas de desarrollo sostenible en ambiente, de todas las personas que se desempeñen en la función pública.
El proyecto fue elaborado con el acompañamiento del área de Gestión Ambiental del municipio, del Juzgado de Faltas y del resto de los bloques.
“La adhesión a la ley Yolanda, no es cualquier adhesión, es velar por las generaciones futuras con compromiso y responsabilidad, que es lo que debe tener todo funcionario al asumir”, detalló la concejal del MPN, Eliana Rivera y continuó: “Considero que para entender las problemáticas que nos rodean en torno a lo ambiental y pensar soluciones innovadoras en un contexto de cambio climático preocupante, la educación y la capacitación, tienen que estar presentes en toda gestión de gobierno por quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre un tema que debe tratarse seriamente y no como una moda”.
Las capacitaciones alcanzarán a los tres poderes del Estado y a los distintos niveles jerárquicos para generar conciencia ambiental en aquellos funcionarios involucrados en definir y gestionar políticas públicas. En ese sentido, sostiene que “la norma pretende ser un espacio de vinculación permanente entre el Estado y la comunidad científica”.
Eliana Rivera, concejal a cargo de presentar la solicitud de adhesión a la Ley, expresó: “La misma fue pensada en el trabajo coordinado que debe realizarse al tratar temáticas ambientales, y que ello requiere conocer cuestiones generales, pero, sobre todo, el Plan de Acción creado por nuestro municipio y los programas que se llevan adelante como miembro de la Red de Municipios Frente al Cambio Climático, que muchos desconocen y que debe ponderarse”.
Para concluir, la funcionaria enfatizó sobre la importancia de “garantizar el derecho de un ambiente sano, el cual exige un trabajo coordinado con distintos niveles de gobierno y que requiere estar actualizado en relación a las problemáticas y la realidad local para tener un mismo norte».
