Tras conocerse el consenso que se logró con diferentes sectores e instituciones de nuestra ciudad para modificar el artículo 222 del Código Procesal Penal, que busca agilizar las condenas en casos de flagrancia, el fiscal general, José Gerez, y el intendente, Carlos Saloniti, presentaron en la Legislatura de manera conjunta el proyecto que busca regular la realización del juicio directo.
Gerez, en comunicación con RSM Radio, explicó que «este proyecto surge de un consenso social, de vecinos y vecinas de San Martín de los Andes y es producto de un debate y una necesidad que se dio en el seno del Consejo de Prevención del delito. Cada cuestión que surge del tratamiento de diferentes temas en el marco de ese Consejo es positivo porque va a mejorar la seguridad de la ciudad. Tenemos que seguir trabajando, no solo los procedimientos judiciales, en los casos que tienen que ver con la afectación al derecho de la propiedad de los vecinos de San Martín, lleguen a juicio, sino también la prevención delictual, la tecnología para prevenir. Es decir, hay que hacer todo un trabajo en el cual nos encontramos como Ministerio Público Fiscal, comprometidos».
Sobre el proyecto presentado en la Legislatura, Gerez indicó que «tiene una gran cantidad de participantes. Hay hechos graves que se abordan a través de juicios comunes. Pero después hay hechos leves, que generalmente afectan las propiedades, los comercios o se presentan en la vía pública, generan en la sociedad también una necesidad de que haya respuesta del sistema, no solo prevencional, sino también obviamente del sistema judicial, para que se juzguen y tengan un tratamiento adecuado».
El fiscal general explicó que el juicio directo ha sido la herramienta prevista por el legislador de Neuquén al modificar el Código, para el tratamiento de este tipo de hechos más leves contra la propiedad. En ese sentido Gerez sostuvo que «el juicio directo es un juicio rápido que lo que hace es generar un antecedente condenatorio. Como son por lo general hechos leves contra la propiedad, los antecedentes condenatorios que se generan no son de efectivo cumplimiento». Vale aclarar que para que una pena tenga efectivo cumplimiento, la misma debe ser superior a los tres años.
Como la mayoría de los hechos de este tipo no tienen penas altas que posibilitan un encarcelamiento provisorio y definitivo de la persona en caso de ser condenado. «Pero si obtiene un esclarecimiento judicial rápido en un caso leve, lo que ocurre es que esa persona tendrá un antecedente condenatorio. Entonces si vuelve a reincidir en un caso similar, la próxima condena no será en suspenso, sino de efectivo cumplimiento», sostuvo el fiscal general.
Lo que se busca con este tipo de juicios directos es desalentar al delincuente habitual que comete hechos contra la propiedad de la comisión de este tipo de delitos y que mortifican a los vecinos de la provincia de Neuquén. Gerez adelantó que esta modificación del juicio directo va a ser incorporada como ley de carácter provincial.
«Para hacer un juicio directo hoy hace falta el consentimiento de la defensa del imputado para llevarse a cabo. Normalmente se utiliza en casos de flagrancia, es decir cuando se lo encuentra al delincuente con «las manos en la masa», pero la respuesta habitual de los representantes legales siempre es negativa. Esta circunstancia ha hecho que en nuestra provincia, desde la vigencia del Código Procesal Penal, no se lleven adelante juicios directos. Desde el año 2014 a la fecha, siendo generosos, se han hecho tan solo ocho juicios directos en toda la provincia. El defensor de un delincuente nunca quiere una condena rápida para su defendido. Por eso pedimos al legislador que ésta herramienta, sea potestad a pedido del fiscal, para generar condenas más rápidas», manifestó Gerez.
Para llevar claridad; si el delincuente es aprendido por un robo cometido en el momento, a través del juicio directo puede llevarse adelante el procedimiento en cuestión de horas o de días, con el sujeto detenido. Si es el primer hecho y la condena, por ejemplo, es de un año en suspenso, en caso de volver a cometer un hecho de similares características, se le suman las condenas y deberá cumplir prisión de manera efectiva.
Gerez explicó que «hay un acuerdo en la Legislatura para que esta modificación salga en términos rápidos, más allá de las opiniones que se solicitarán para entender que no se vulnera ningún derecho , ni tampoco ninguna garantía. Tanto los derechos como las garantías de la persona detenida las tendrá vigentes al momento de realizarle el juicio. Para que se entienda, acá no se busca criminalizar la pobreza, lo que se busca es que se dejen de robar, que se busquen un trabajo genuino, transparente. No tener esta herramienta es convalidar para que esta gente que no tiene un trabajo genuino salga a robarle al vecino que sí lo tiene. Este tipo de cuestiones en un estado de derecho, donde vivimos en democracia, no puede seguir pasando», finalizó diciendo el fiscal general.
