La diputada del Frente Grande en el Frente de Todos, Soledad Martínez presentó un proyecto de ley con el objetivo de establecer lineamientos para el Desarrollo Territorial y un Hábitat adecuado, afirmando el ordenamiento territorial como política de Estado. La propuesta, busca crear el régimen jurídico del ordenamiento territorial, estableciendo un marco general para la regulación del uso y gestión del suelo.
El proyecto busca generar y facilitar la gestión de desarrollos habitacionales, urbanizaciones sociales y procesos de regularización de barrios informales. También detener y reorientar los procesos de crecimiento urbano descontrolados para reducir desequilibrios demográficos y espaciales producto de las acciones especulativas; implementar planes, programas e instrumentos en el corto, mediano y largo plazo tendientes a la gestión del desarrollo territorial a nivel provincial y municipal; también fortalecer un sistema de información sobre la materia.
Contempla la elaboración de “Planes de Desarrollo Territorial Provincial y Locales”; y como instrumentos de dicha política, “Bancos de Tierra”- con incorporación de inmuebles al patrimonio provincial o municipal- destinados a la producción de suelo urbano, viviendas, espacios públicos de uso comunitario, espacios verdes, de uso educativo, social, cultural, deportivo, productivo e industrial.
También la conformación de “Consorcios Urbanísticos” público privados, para la ejecución de proyectos de urbanización o edificación, entre otras disposiciones. Prevé programas de conservación y recuperación de suelos a cargo de Consorcios de Conservación, que podrán ser propietarios, arrendatarios, aparceros, usufructuarios y tenedores a cualquier título de inmuebles rurales.
Entre los fundamentos Martínez destaca que “la superposición en la legislación permite todo tipo de inconvenientes a personas y empresas dentro de sus ejidos. La recurrencia de loteos en tierras provinciales, y la entrega de tierras para explotación de licencias comerciales, denotan nula comprensión de las autonomías municipales, cuyas gestiones tienen que lidiar luego con acercar los servicios a sitios -por lo general – alejados de los cascos urbanos y deben asumir las gestiones comunales.
Se suma a la problemática que hay municipios rodeados de instituciones y propiedades privadas que demoran y retrasan su política de crecimiento urbano y productivo; el parcelamiento de las tierras productivas en el periurbano y las explotaciones extensivas en el área rural como la de fiscaleros y comunidades mapuces. “Es imprescindible que el Estado prevea una política sustentable y sostenible, que apuntale esas actividades – energía, posibilidad de riego y agua para consumo tanto humano como animal -, para que esas poblaciones no desistan de su origen».
