En una carta dirigida al intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, los concejales del Bloque Pro-NCN solicitaron la suspensión inmediata de la operatividad de los nuevos radares de control de velocidad instalados en la Ruta Nacional N° 40, hasta que se cumpla con toda la normativa vigente. La presentación tiene el acompañamiento de los bloques de Comunidad y Hacemos Neuquén.
En la nota remitida el 12 de agosto de 2024, los ediles exigen la identificación de los funcionarios a cargo de la operación de los radares, la homologación actualizada de los equipos y la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para privatizar o concesionar el control de las infracciones de tránsito. Además, plantean la necesidad de una adecuada señalización en las zonas donde se han instalado los radares, conforme a las disposiciones de la Dirección Nacional de Vialidad.
El pedido de suspensión surge tras una inspección realizada el domingo 11 de agosto, en la que los concejales recorrieron los cruces peatonales con acceso a la Escuela N° 86, la Biblioteca del CPEM 28 y el Callejón de Bello. Durante esta inspección, constataron la instalación de los radares y documentaron gráficamente la situación.
El Bloque Pro-NCN también solicitó detalles sobre el Pliego y las Bases de la Licitación Privada N° 5, adjudicada a la empresa VIAL CONTROL S.A., encargada de la implementación de este sistema de radares. Según los ediles, la información sobre la licitación no se encuentra disponible en la web del municipio, lo que genera preocupación sobre la transparencia del proceso.
En el comunicado, los concejales resaltan una publicación realizada en la página oficial de la Municipalidad en Facebook el 9 de agosto, donde se informaba que el lunes 12 de agosto comenzarían los controles automatizados de cruce de semáforo en rojo y de velocidad máxima permitida. Ante esta situación, solicitaron al intendente que se suspenda la operatividad del sistema hasta que se garantice su legalidad.
La nota también fue remitida al Juzgado Administrativo de Faltas de San Martín de los Andes, con el fin de que se abstenga de tramitar cualquier actuación relacionada con las infracciones registradas por estos radares, hasta que se acredite la legalidad de su implementación. Los concejales advierten que, en caso de no cumplirse con la normativa, cualquier afectado podría impugnar las sanciones derivadas de este sistema.
La instalación de radares en rutas nacionales ha sido un tema controvertido en varias localidades del país, donde se han planteado preocupaciones sobre su legalidad, la transparencia en los procesos de licitación y la efectividad de estos dispositivos para mejorar la seguridad vial. La situación en San Martín de los Andes es un reflejo de estas tensiones, que requieren una respuesta clara y oportuna por parte de las autoridades municipales.
