El Contralor Municipal, Jorge Fernández, hizo públicas denuncias y pedidos de informes sobre diversos temas de la administración municipal. En una entrevista realizada en RSM Radio, se refirió a la contratación, por parte de la Secretaría de Gobierno, de Marcelo Mas, delegado local de la Unión Tranviaria Automotor. También explicó los pagos realizados a determinados trabajadores municipales y anunció que presentará una denuncia en la Fiscalía por administración fraudulenta en un área de Desarrollo Social.
Respecto a la contratación de Marcelo Mas, explicó que envió un pedido de informes a la Secretaría de Gobierno, pero no obtuvo respuestas: “Se cumplió el plazo, no nos han contestado, volvimos a reiterar, por un plazo perentorio de tres días, que creo que se venció ayer, y tampoco hemos recibido respuesta. El pedido de informes consulta desde qué momento ingresó, qué sueldo percibe, qué tareas realiza, a quién reporta, porque si bien tenemos algo de información, no tenemos la definitiva, que es la que debería dar el Secretario de Gobierno».
En relación con los pagos recibidos por algunos trabajadores, con cifras muy elevadas que llamaron la atención, culpó al Convenio Colectivo de Trabajo y a la conformación de la CIAP: «El origen de los males del municipio, en gran medida, está en el Convenio Colectivo de Trabajo, que se firmó inicialmente en la gestión de Jorge Carro, y que tiene en su estructura figuras absolutamente absurdas, como por ejemplo que, ante la muerte de un agente municipal, el cargo lo hereda un hijo de la familia».
Respecto a la CIAP, indicó: «Esa comisión tiene tanto poder que, lisa y llanamente, paraliza muchos aspectos del funcionamiento municipal. El intendente no puede disponer de traslados de personal, no puede disponer de sanciones, porque todo pasa por la CIAP. Y este Ejecutivo se ha caracterizado por tener una relación muy cercana, carnal, con ATE».
Fernández explicó que quienes participan en esa comisión «reciben un sobresueldo que la gestión de la intendente Rebolledo dejó de pagar. Ahora se reconoció esa deuda, que está generada por el Convenio Colectivo de Trabajo, y se pagó. Sin embargo, en un país, en una sociedad empobrecida, ver pagos de 30 millones de pesos a un delegado gremial que, a su vez, cobra su sueldo, legalmente está bien, pero desde lo moral es reprochable».
En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, remarcó que su funcionamiento es desastroso: “Ahora estoy redactando la denuncia por unas compras realizadas que dejan a uno estupefacto”.
Fernández se refirió a compras de alimentos mal gestionadas, en las que no se sabe adónde van esos productos o no fueron solicitados por la división correspondiente. Al respecto, ejemplificó: “Aparecen cosas tan absurdas como que se entrega el producto, pero cuando voy al depósito, el encargado me dice que se le quiso hacer firmar que recibió 600 paquetes de yerba que jamás llegaron, y no están en ningún lugar del municipio”.
También comentó que se compró sal por 300.000 pesos y pimienta por 250.000 pesos “cuando nunca jamás se había comprado. Aparecen compras por 250.000 pesos en orégano y otros condimentos por casi 400.000 pesos, que no están en los depósitos”.
Sobre esto, indicó que realizará una denuncia ante la Fiscalía porque hay “una evidente estafa en la Administración Pública. Evidentemente, hubo una intencionalidad de comprar a una empresa que jamás había provisto al municipio de nada. Las ventas anteriores relacionadas con esa empresa eran sándwiches de milanesa”.
Finalmente, Fernández valoró los cambios que realizó el intendente Carlos Saloniti cuando la Contraloría denunció el mal estado o problemas de instalaciones, como los baños de la terminal, la red eléctrica de los food trucks o la situación del CDI Pichi Rayén.
“Muchas de las críticas o propuestas que he realizado se han ido implementando. Otras avanzan a paso de tortuga, como el seguimiento satelital de los vehículos. Hice la propuesta en marzo, ya estamos prácticamente en noviembre y todavía no se implementa. Eso permite que se sigan robando combustibles”.
