El pasado 22 de noviembre, por orden del juez Juan Manuel Kees, personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) se presentó en las dependencias de la Legislatura de Neuquén para llevar adelante una serie de investigaciones en torno a denuncias que involucraban a la vicegobernadora Gloria Ruiz y su entorno familiar.
En este contexto, la presidenta de la Honorable Legislatura de Neuquén, informó a través de un comunicado que ha tomado la decisión de desvincular de su cargo al coordinador de la Casa de las Leyes, Pablo Ruiz. Esta medida busca garantizar que no haya interferencias en el accionar judicial y reforzar la independencia del Poder Judicial.
Mientras Ruiz resiste los cuestionamientos de la mayoría de los integrantes de la Legislatura de Neuquén y denuncia una operación en su contra, con el “despido” de su hermano Pablo no hace más que admitir la existencia de irregularidades.
A la compañera de fórmula de Rolando Figueroa le quedarían algunas vías judiciales para sostenerse en el puesto: medidas cautelares de no innovar que, si las plantea y le hacen lugar, impedirían a los diputados votar cualquier medida que le afecten el rol que le reserva la Constitución provincial. Es un ajedrez político judicial institucional al que le faltan varias partidas por jugar.
Después de múltiples consultas con especialistas, los diputados optaron por la vía más rápida de intentar la destitución con 24 votos por inhabilidad moral, en vez del camino más largo -pero más seguro institucionalmente, o dicho de otro modo, más garantista– del juicio político.
La vice ya está sobre alerta, y levantó la guardia: “Acudiré a la justicia para requerir el debido proceso y el derecho de defensa de mi rol institucional«. advirtió. “Si pretenden seguir avanzando con acciones sin apego a la ley, quedarán marcados en la historia democrática de Neuquén como quienes removieron a una vicegobernadora elegida por el pueblo”.
Ahora, la Legislatura presentó un proyecto para crear una comisión investigadora y suspender a la vice en el cargo mientras dure el proceso, estimado en 30 días hábiles, lo que llevará la definición al ardiente enero.
También convocó a sesionar el miércoles, para lo cual Labor Parlamentaria tendría que reunirse este martes a las 17. El pedido de sesión especial lo firman 24 legisladores, un número mítico: representan los dos tercios del total de la cámara.
