Los tres jóvenes que protagonizaron una salvaje agresión a otros dos en la terminal de colectivos de Villa La Angostura, fueron imputados por un juez de garantías quien les impidió acercarse a las víctimas o a sus familias a menos de 100 metros o contactarse por cualquier medio por los próximos 4 meses.

Este lunes 17, el fiscal Adrián De Lillo junto al asistente letrado Federico Gayós formularon cargos a tres sujetos identificados con las iniciales S.M.T., G.D.M y A.R.S., por golpear y lesionar a dos jóvenes. La agresión quedó registrada por filmaciones caseras y fue cometida a la salida de un boliche y en el predio de la terminal de ómnibus de Villa La Angostura.
Los representantes de la fiscalía describieron dos hechos ocurridos el 23 de febrero: el primero, a las siete de la mañana, cuando S.M.T y G.D.M. agredieron a un joven dentro de la terminal en el momento en que la víctima se encontraba sentado en un banco junto a un grupo de amigos. Los imputados, en compañía de otras personas, lo increparon y le recriminaron una discusión que se había originado dentro de un boliche cercano.
Tras ello, G.D.M. le dio una patada en la cara que lo hizo caer al suelo y S.M.T. lo agredió con golpes de puño. En un momento, el joven pudo levantarse e intentó retirarse, pero los dos imputados continuaron golpeándolo hasta que quedó tendido en el asfalto. Producto de la agresión, recibió lesiones graves en la cara con pérdida de piezas dentales.
El segundo hecho sucedió inmediatamente después y en el mismo lugar. Fue cuando S.M.T. y A.R.S. mantuvieron una pelea con uno de los jóvenes que acompañaba a la primera víctima, luego de que intervenga para defender a su amigo. En esas circunstancias, los imputados le dieron golpes de puño y patadas y le provocaron lesiones.
Los delitos que De Lillo y Gayós le atribuyeron a los imputados son: lesiones graves en carácter de coautores respecto de S.M.T. y G.D.M. por el primer hecho; en concurso real con lesiones cometidas en riña también en carácter de coautores en relación con S.M.T y A.R.S. por el segundo episodio violento.
El juez de garantías Ignacio Pombo avaló la formulación de cargos, fijó el plazo para concluir la investigación en cuatro meses y aprobó las medias cautelares solicitadas por el mismo plazo.