El Gobierno nacional autorizó a efectivos militares a detener civiles en forma transitoria cuando se trate de delitos cometidos en flagrancia en la frontera norte del país.
La medida fue anunciada este domingo por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien defendió la iniciativa a través de su cuenta de X.
«Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar», expresó Petri, en referencia a las críticas que despertó la decisión.
El funcionario sostuvo que «la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras» y aclaró que «la posibilidad de detención en flagrancia está prevista en todos los códigos procesales, tanto provinciales como nacionales». Además, cuestionó que «sólo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas» y comparó la medida con políticas similares aplicadas en otros países, como Estados Unidos.
Según establece la resolución, el objetivo es limitar el uso de la fuerza a acciones de defensa propia o de terceros en casos de agresión inminente que ponga en riesgo la vida, la integridad física o el cumplimiento del deber. A su vez, se prohíbe expresamente el uso de armas contra personas o vehículos que intenten huir de un puesto de control, aun existiendo sospechas fundadas de un ilícito.
La medida se enmarca en un refuerzo de las acciones de seguridad en zonas sensibles del país, especialmente en regiones fronterizas donde se ha registrado un incremento en los delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.
