La reciente implementación del Decreto 196/2025, que modifica la reglamentación general de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N.º 24.449, generó fuertes críticas entre conductores con licencias profesionales de las clases C, D y E. Lejos de facilitar el proceso, como anunciaba la normativa, los cambios dificultan la obtención y renovación de estos permisos, esenciales para trabajadores de servicios clave como ambulancias, transporte público, recolección de residuos y taxis.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la centralización de los exámenes exigidos —psicofísicos, teóricos y prácticos— en prestadores privados ubicados a más de 250 kilómetros de muchas localidades. Esto obliga a los conductores a trasladarse largas distancias, costear varios días de alojamiento y disponer de un vehículo para rendir las pruebas, lo que encarece notablemente el trámite.
Además, la falta de una adecuada implementación operativa e informativa ha generado incertidumbre y malestar entre los trabajadores del volante. En muchos casos, los choferes se enteran de estas modificaciones al momento de intentar renovar su licencia, encontrándose con que deben iniciar un proceso complejo y costoso. Como resultado, una cantidad creciente de licencias ya han vencido, sin una vía clara y accesible para su renovación inmediata.
Desde la comunidad de conductores profesionales de la zona advierten que esta situación podría traducirse en una significativa reducción de servicios públicos y privados en los próximos días, si no se da una respuesta urgente. Por ello, convocaron a movilizarse y exigir ante las autoridades nacionales y provinciales la revisión e inmediata adecuación del nuevo sistema.
