En una sala totalmente colmada, este jueves el juez de Garantías César Lanfranchi habilitó formalmente la investigación contra Emerson Rubén Marín, oficial de policía de 34 años, acusado del homicidio triplemente agravado de su pareja, Stefanía Civardi.
La fiscalía, representada por las fiscales Betiana Cendón y Alejandra Bartolomé, imputó a Marín por un delito grave: homicidio agravado por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. El acusado se desempeñaba en la Comisaría Segunda del Centro Cívico y tiene más de 15 años de servicio en la fuerza.
Según la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 30 de julio en la vivienda de la víctima, ubicada en la calle Los Radales. La fiscalía sostiene que el oficial le disparó con su arma reglamentaria calibre 9mm mientras Civardi estaba recostada en la cama. El proyectil ingresó por la tráquea, atravesó su cráneo y quedó alojado en la almohada, provocando la muerte de forma instantánea.
Las primeras sospechas surgieron tras una llamada realizada por el propio acusado a una compañera de la fuerza, lo que derivó en la llegada de efectivos de la misma comisaría al lugar del hecho.
Uno de los testimonios más relevantes es el de un vecino que, separado por una pared de construcción en seco, escuchó el disparo y luego oyó a Marín decir: «Qué hice», una frase que se convirtió en eje de la acusación.
El equipo de criminalística, con apoyo de Gendarmería Nacional, aportó pericias claves. Los expertos en balística determinaron que el disparo fue realizado a una distancia superior a los 15 centímetros, lo que descarta un suicidio o un disparo accidental en medio de un forcejeo. El informe del armero confirmó además que el arma, tal como fue hallada sobre la mesa de luz y con un segundo proyectil en boca, no pudo haber sido manipulada nuevamente por la víctima.
Durante el allanamiento también se hallaron manchas de sangre en el baño y lesiones previas en el cuerpo de Civardi, lo que refuerza la hipótesis de un historial de violencia previa.
La defensa, representada por los abogados Estanislao Cazaux y Mauro Lezcano, no se opuso a la formulación de cargos, aunque adelantó que presentará una teoría del caso alternativa en las próximas etapas del proceso.
La fiscalía solicitó prisión preventiva al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que varios testigos son compañeros de trabajo del acusado y familiares de la víctima. Además, se mencionó un antecedente de 2023, en el cual Marín accedió a una probation por violencia de género, evitando el juicio oral y continuando su actividad como funcionario policial.
El juez Lanfranchi validó la acusación y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación, que culminará el 1 de diciembre de 2025. También dispuso la prisión preventiva del acusado por el mismo período y ordenó su traslado desde la Comisaría 36 a la Comisaría 10° de San Antonio Oeste por razones de seguridad.
La querella, que será representada por los abogados Leonardo Triventi y Gustavo Bisogni, presenció la audiencia junto a los familiares de la víctima, aunque aún no ha sido formalmente incorporada al expediente judicial.
