La investigación por una presunta estafa contra la obra social OSPEPRI, que nuclea a los trabajadores petroleros privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, sumó nuevos implicados y agravó la maniobra detectada.
Lo que comenzó con la denuncia de 11 operaciones traumatológicas pediátricas inexistentes pero cobradas, escaló a 13 casos confirmados. Según reveló la auditoría interna y la Fiscalía de Delitos Económicos, en la trama no solo están involucrados un traumatólogo infantil y un anestesista, sino que ahora aparece un tercer médico anestesista, también desvinculado como prestador.
Una maniobra millonaria
El perjuicio económico ya supera los 20 millones de pesos. Los querellantes aseguraron que en ninguno de los supuestos procedimientos hubo internaciones, estudios prequirúrgicos ni controles posteriores. “Nunca existieron esas operaciones”, remarcó el abogado de la obra social, Marcelo Henrtzriken Velazco.
Según detalló, los profesionales utilizaban datos de afiliados que habían realizado consultas previas para fabricar cirugías con documentación fraguada. Uno de los casos más graves fue el de una niña de tres años con una cardiopatía congénita, que figuraba en papeles como intervenida en rodillas, tobillos y caderas en un mismo día, sin anestesia ni internación. “Era imposible, y nunca ocurrió”, subrayó el abogado.
Avance judicial
La fiscal Valeria Panozzo ordenó tres allanamientos en una clínica privada de Neuquén y en los domicilios de los médicos involucrados. Con aval del juez de garantías Marco Lupica Cristo, se secuestraron historias clínicas, notebooks y celulares, que serán peritados por la Policía.
Los tres profesionales enfrentan cargos por defraudación, delito que prevé penas de dos meses a seis años de prisión. Paralelamente, el sindicato petrolero anticipó que iniciará demandas civiles para recuperar el dinero con intereses y daños.
Posibles sanciones éticas
Además de la causa penal, la denuncia podría derivar en sanciones dentro del ámbito profesional. Tanto el Colegio Médico como el Colegio de Anestesistas deberán evaluar la conducta de los acusados.
Mientras la investigación avanza, el caso destapó una de las maniobras fraudulentas más graves de los últimos años en el sistema de salud privado de la región.
