En una audiencia realizada este jueves, la jueza de garantías Laura Barbé resolvió otorgar prisión domiciliaria a tres de las cuatro personas imputadas por el intento de homicidio con ensañamiento contra un hombre en nuestra ciudad, ocurrido el pasado 22 de agosto.
La medida fue dispuesta a partir de un pedido de la defensa, que presentó informes sobre la falta de capacidad en las comisarías y unidades de detención de la provincia. Pese a la oposición del fiscal jefe Gastón Ávila, quien solicitó mantener las prisiones preventivas vigentes, la magistrada concluyó que la situación carcelaria hacía “imposible” el cumplimiento de la medida en establecimientos penitenciarios.
El violento ataque tuvo lugar en una vivienda de San Martín de los Andes, donde la víctima fue golpeada, apuñalada y rociada con alcohol. Según la investigación, el hombre es el principal testigo en una causa por microtráfico de drogas, por lo que la fiscalía insiste en que su situación es de alto riesgo y requiere medidas estrictas de protección.
Por el hecho están imputados M.Z., S.A.C. y J.A.L., además de una mujer identificada como C.I.V., quien continúa detenida en dependencias de la Policía Federal en la localidad. También participó en el ataque una persona menor de edad y no punible.
La jueza dispuso que los acusados cumplan la prisión domiciliaria en dos domicilios de la ciudad de Neuquén y uno en San Martín de los Andes, con custodia policial permanente las 24 horas. Asimismo, ordenó la prohibición absoluta de contacto con la víctima y testigos, y estableció que los imputados no podrán salir de sus viviendas, de la localidad, de la provincia ni del país.
“La prisión preventiva sigue siendo procedente y los riesgos procesales están vigentes, pero no podemos ordenar una medida que no se puede llevar a cabo en establecimientos de detención”, explicó la jueza Barbé al justificar la decisión.
Por su parte, el fiscal Ávila reiteró su oposición:
“Entendemos la emergencia carcelaria, pero eso no impide que se disponga prisión preventiva cuando existen riesgos procesales. De lo contrario, ninguna persona que cometa un delito podría ser privada de su libertad durante el proceso”.
El caso continúa bajo investigación y genera debate en torno a la crisis penitenciaria de la provincia y sus consecuencias en la administración de justicia.
