En medio de una multitudinaria marcha universitaria frente al Congreso, el Senado de la Nación aprobó este jueves la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario, dejando sin efecto el veto presidencial de Javier Milei.
La iniciativa reunió 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones, superando ampliamente los dos tercios exigidos por la Constitución Nacional. De esta manera, el Gobierno se ve obligado a promulgar la norma, que establece un nuevo esquema de financiamiento para el sistema universitario público.
A favor se pronunciaron 33 de los 34 senadores de Unión por la Patria, 12 de los 13 radicales y representantes provinciales de Misiones, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Chubut, Tucumán y Salta. También acompañaron los votos de Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez del PRO.
En contra estuvieron los cinco legisladores de La Libertad Avanza, además de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) y el formoseño Francisco Paoltroni. Se abstuvieron Carolina Losada, Victoria Huala, Martín Goërling Lara y Alfredo De Ángeli.
Los principales puntos de la ley
La norma obliga al Poder Ejecutivo a:
- Actualizar desde enero de 2025 las partidas para universidades públicas, hospitales universitarios, ciencia, técnica y extensión, según la inflación medida por el IPC.
- Garantizar ajustes bimestrales del presupuesto universitario durante todo 2025.
- Recomponer los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023, en un monto no menor al IPC acumulado, incorporando las sumas no remunerativas al básico.
- Actualizar becas Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, ajustándolas por inflación y por crecimiento de matrícula.
- Someter a control de la Auditoría General de la Nación (AGN) la gestión de las universidades, con informes remitidos al Congreso.
- Disponer créditos presupuestarios necesarios sin afectar la coparticipación federal ni los aportes del Tesoro a las provincias.
Un nuevo revés para el oficialismo
La sanción definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario representa el tercer veto presidencial rechazado por el Congreso, luego de la Emergencia en Discapacidad y la Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan.
En un contexto de reclamo social masivo por la defensa de la educación pública, el sistema universitario logra así un marco de financiamiento actualizado y con control parlamentario, que blinda su funcionamiento de cara al próximo año.
