Las comunidades mapuche Lof Vera y Lof Curruhuinca reclamaron públicamente la intervención directa de autoridades provinciales para encauzar el conflicto generado por el avance de obras en el cerro Chapelco, y exigieron la presencia en el territorio de funcionarios del Gobierno de Neuquén para dar una respuesta institucional a sus demandas.
A través de un comunicado, las comunidades cuestionaron la falta de instancias formales de diálogo y señalaron que, pese a los pedidos realizados desde la firma de la concesión, no se conformó una Mesa Ambiental que permita analizar de manera conjunta los impactos del proyecto.
En ese marco, indicaron que el Estudio de Impacto Ambiental fue entregado recién en las últimas horas y en un contexto que, según plantearon, dificulta una evaluación adecuada. Desde las comunidades sostienen que la información fue presentada de manera tardía, sin los tiempos necesarios para una participación efectiva. En ese sentido, relativizaron el cumplimiento de los procedimientos ambientales y remarcaron que aún no existen garantías claras sobre la evaluación integral de las obras.
También recordaron que el miércoles 28 de enero se firmó un acta que establecía la suspensión de los trabajos por 48 horas, con la participación de representantes de la empresa, organismos provinciales y autoridades comunitarias. Sin embargo, denunciaron que esa medida no se habría respetado.
Más allá del debate técnico sobre los estudios ambientales, el eje central del reclamo apunta a la ausencia de una respuesta política concreta por parte del Gobierno provincial. Las comunidades consideran que el conflicto no puede resolverse sin la intervención directa de los ministerios involucrados y sin la presencia de sus máximas autoridades en el territorio.
En ese sentido, establecieron un plazo de 48 horas para que las ministras Leticia Estévez y Jorge Tobares se presenten en la zona y brinden una respuesta formal, pública y por escrito. Advirtieron que, de no concretarse esa instancia, evaluarán avanzar con acciones administrativas, políticas y judiciales.
Desde Lof Vera y Lof Curruhuinca remarcaron que el reclamo no se limita a la discusión sobre una obra puntual, sino que apunta a la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad institucional en la gestión del territorio y en los procesos de consulta a las comunidades originarias.
Entre sus principales demandas, reiteraron la suspensión de los trabajos que no cuenten con evaluaciones ambientales consensuadas, el respeto al carácter vinculante de la consulta previa y el funcionamiento efectivo de una Mesa Ambiental permanente.
Finalmente, convocaron a otras comunidades, organizaciones socioambientales y vecinos de San Martín de los Andes a acompañar el reclamo, y reafirmaron su decisión de permanecer en el territorio en defensa de sus derechos y del ambiente.
