Con una mayoría cómoda construida por el oficialismo junto a sectores aliados, el Senado convirtió en ley el proyecto de reforma laboral del Gobierno, en una jornada atravesada por protestas en las inmediaciones del Congreso y un debate cargado de tensión política.
La votación confirmó el resultado que se anticipaba en los pasillos parlamentarios: 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, correspondientes a Natalia Gadano y José Carambia. De esta manera, la Cámara alta dio sanción definitiva a una de las iniciativas centrales de la gestión de Javier Milei.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tuvo un rol protagónico en las negociaciones para garantizar los consensos con sectores dialoguistas y se mostró eufórica tras el resultado. Al finalizar la sesión, arengó a los senadores libertarios y encabezó una foto grupal que buscó inmortalizar lo que el oficialismo considera un hito político.
Cambios clave y artículos polémicos
La ley convalidó las modificaciones introducidas previamente en Diputados, entre ellas la eliminación del polémico artículo 44, que proponía reducir hasta un 50% el salario de trabajadores con licencias por accidentes o enfermedades graves.
Sin embargo, el texto aprobado mantiene puntos cuestionados por la oposición, como los cambios en el régimen de indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos, la restricción de tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.
La defensa oficialista
El senador chaqueño de La Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy, defendió la iniciativa al sostener que “esta ley es producto de un profundo proceso democrático de debate y negociación”.
Como miembro informante del dictamen, aseguró que la norma introduce nuevas definiciones sobre salario y beneficios “para evitar la alta litigiosidad” y destacó la creación del Fondo de Asistencia Laboral “como herramienta para dar certezas a empleadores y empleados” ante eventuales despidos.
Godoy también subrayó la importancia de acompañar a las pequeñas y medianas empresas, responsables —según afirmó— de más del 70% del empleo en el país. En ese sentido, resaltó el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones) como complemento del RIGI, orientado a grandes inversiones.
“Creemos que esta es una propuesta mejorada respecto de la inicial”, afirmó, y remarcó que el oficialismo aceptó numerosas modificaciones durante el trámite parlamentario.
En su discurso de cierre, Bullrich cuestionó a gestiones anteriores por haber enviado “a miles y miles a la informalidad en nombre de los trabajadores” y aseguró que la reforma busca “dar previsibilidad a empresas y trabajadores”. “Argentina quiere volver a crecer. Hace 15 años que no crecemos”, enfatizó.
El rechazo opositor
Desde el bloque Justicialista, las críticas fueron contundentes. El senador Mariano Recalde calificó la norma como una “ley monstruosa” por la cantidad de normas que modifica y por su contenido. También cuestionó el “tratamiento exprés” del proyecto y advirtió que será judicializado.
“Se pone en jaque la seguridad jurídica cuando se proponen leyes que violan la Constitución. Esto va a generar más litigiosidad y más dudas en los inversores”, sostuvo.
En la misma línea, la senadora Ana Marks consideró que se trata de una reforma “esclavista” y “flexibilizadora”, mientras que Cristina López anticipó su voto negativo “en defensa de cada trabajador fueguino”.
El exgobernador chaqueño Jorge Capitanich alertó que el proyecto “subsidia el aumento de la tasa de desempleo” y auguró un impacto negativo en el empleo y el salario. Marcelo Lewandowski, Daniel Bensusán, Adán Bahl y Florencia López también expresaron su rechazo, al advertir que la norma precariza el trabajo y vulnera derechos adquiridos.
El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, fue uno de los más duros al definir la iniciativa como “una ley gorila hecha por gorilas para afectar al trabajador”. Denunció un tratamiento acelerado de un proyecto que —según afirmó— impacta sobre 20 millones de personas y lo calificó de “abiertamente inconstitucional” por vulnerar el artículo 14 bis de la Constitución.
Un nuevo escenario
Con la sanción definitiva, el Gobierno logra avanzar en una de las reformas estructurales que había planteado como prioridad.
Mientras el oficialismo celebra el respaldo legislativo como una señal de previsibilidad y competitividad para el mercado laboral, la oposición anticipa un escenario de judicialización y conflicto político.
La reforma laboral abre así una nueva etapa en el debate sobre el modelo de relaciones laborales en la Argentina, con posiciones claramente enfrentadas sobre su impacto en el empleo, la inversión y los derechos de los trabajadores.
