Por Sebastián Horacio Trovato -Analista de Seguros y Siniestros Viales-
En Argentina no faltan normas ni campañas de concientización. Lo que persiste, en cambio, es una distancia peligrosa entre lo que sabemos y lo que hacemos. La siniestralidad vial no puede seguir analizándose únicamente como una suma de “accidentes”. En la enorme mayoría de los casos, el núcleo del problema es el factor humano. Y el llamado “error” no siempre es azaroso: muchas veces es una decisión previa.
Cada vez que un conductor excede la velocidad, usa el celular al volante, conduce luego de haber bebido o desoye una señalización, no está cometiendo un acto involuntario. Está eligiendo. Puede minimizarlo, justificarlo o disfrazarlo de confianza en su habilidad, pero hay una decisión consciente anterior al hecho. Y esa decisión incorpora un riesgo que no solo compromete su vida, sino la de terceros.
Existe una narrativa instalada que habla de “fatalidades” o “errores”. Sin embargo, el tránsito es un sistema previsible. Las consecuencias de determinadas conductas también lo son. Si alguien conduce a una velocidad que reduce su capacidad de reacción, el desenlace no es sorpresivo: es coherente con la conducta asumida. Lo prevenible, en materia vial, suele ser también previsible.
El problema es cultural. En nuestra sociedad persiste cierta admiración por la audacia mal entendida. Se celebra al que “se anima”, al que “pasa igual”, al que “maneja rápido porque sabe”. La imprudencia se confunde con destreza. La transgresión leve se trivializa. Y así, lo que comienza como una infracción menor termina consolidando una matriz de comportamiento donde la norma se vuelve opcional.
En ese contexto, aparece la anomia: la ruptura entre las reglas formales y las reglas efectivamente internalizadas. No es que no existan límites; es que pierden legitimidad en la práctica cotidiana. Cuando el cumplimiento depende del control externo y no de una convicción interna, la responsabilidad se diluye. Se cumple si hay autoridad presente; se desobedece si no la hay.
Pero conducir no es un acto neutro. Es una de las actividades cotidianas de mayor riesgo social. Implica manejar una máquina de gran porte, a velocidades que superan ampliamente la capacidad física del cuerpo humano para resistir un impacto. Pensar que es un acto trivial es desconocer su dimensión ética.
El factor humano concentra la mayor parte de los siniestros: distracción, imprudencia, exceso de confianza, consumo de alcohol, agresividad al volante. Todos elementos que remiten a decisiones personales. No son fallas mecánicas inevitables ni fenómenos naturales. Son conductas.
Y aquí es donde el debate debe volverse incómodo. No alcanza con exigir más controles o sanciones más severas —aunque sean necesarias— si como sociedad seguimos
tolerando la cultura del “no pasa nada”. Cada conductor que elige ignorar una norma está asumiendo que el riesgo es aceptable. Está apostando a que nada grave ocurrirá. Pero el tránsito no funciona sobre apuestas individuales: funciona sobre responsabilidades compartidas.
Hablar de responsabilidad vial no es un eslogan. Es reconocer que cada acción al volante tiene impacto colectivo. Que el “error” previo al siniestro fue, en muchos casos, una elección consciente de desoír un límite. Y que mientras no asumamos esa verdad con crudeza, seguiremos explicando tragedias como si fueran inevitables.
Conducir no es un derecho absoluto desligado de deberes. Es una responsabilidad permanente. Y asumirla implica entender que la prudencia no es exageración: es respeto por la vida propia y ajena. Cuando esa comprensión deje de depender del miedo a la sanción y pase a formar parte de nuestra conciencia social, recién entonces empezaremos a modificar de raíz la siniestralidad que hoy nos interpela.
