Más de 150 organizaciones —entre ellas agrupaciones de personas con discapacidad, usuarias de servicios de salud mental, familiares, asociaciones profesionales y universidades— enviaron una carta al Senado para alertar sobre la inconstitucionalidad del proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto habilitaría el regreso del modelo manicomial
Según las organizaciones firmantes, la iniciativa implica el retorno del modelo centrado en el hospital psiquiátrico y contradice tanto la evidencia científica como las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos. Entre los puntos más cuestionados, señalaron que el proyecto eliminaría la prohibición de crear centros psiquiátricos, suprimiría la obligación de sustituir los existentes y habilitaría expresamente las internaciones en esos espacios. También advierten que se abandonaría la enumeración de los dispositivos de inclusión social que hoy orienta a los decisores públicos.
Las organizaciones sostienen que el modelo manicomial presenta dos fallas centrales: es inefectivo para responder a los problemas actuales del sistema sanitario y genera daño a las personas al promover el aislamiento y prácticas coercitivas.
La OMS y la ONU se pronunciaron a favor del modelo comunitario
En su carta, las organizaciones recordaron que organismos de Naciones Unidas han urgido a los Estados a avanzar en el enfoque comunitario. La Organización Mundial de la Salud afirmó que la atención en la comunidad tiene mejores efectos que el tratamiento institucional en el pronóstico y calidad de vida de las personas. A su vez, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya instruyó a la Argentina a cerrar los hospitales psiquiátricos, garantizar la externación y construir redes integradas al primer nivel de atención.
Los problemas del sistema no son culpa de la ley vigente
Las organizaciones reconocieron que el sistema de salud mental enfrenta déficits, pero rechazaron el diagnóstico oficial sobre sus causas. Sostienen que los problemas surgen de la falta de implementación de la ley 26.657, no de la norma en sí: actualmente no existen servicios de salud mental en hospitales generales, los dispositivos comunitarios son prácticamente inexistentes y el presupuesto destinado al área nunca superó el 2,66% del gasto en salud, cuando la propia ley prevé el 10%.
Exigen audiencias públicas con participación de los usuarios
Las organizaciones exigieron al Senado que convoque audiencias públicas en las que las personas usuarias de los servicios de salud mental sean efectivamente escuchadas. Indicaron que esto no es facultativo sino una obligación jurídica que surge del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El proyecto se encuentra bajo análisis en el Senado de la Nación, donde deberá definirse si avanza hacia su tratamiento o si se convoca al proceso participativo que reclaman las organizaciones.
