El Gobierno de Neuquén dispuso la cesantía de una empleada de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de la capital provincial y de un suboficial del Cuerpo Penitenciario, en el marco de la política de control y sanciones impulsada por la gestión del gobernador Rolando Figueroa sobre agentes estatales que incumplen sus funciones o incurren en conductas incompatibles con el servicio público.
Las medidas fueron oficializadas en las últimas horas y alcanzan a una trabajadora del área de Desarrollo Humano, acusada de ejercer malos tratos contra niños de tres años, y a un cabo primero penitenciario que acumuló 93 días de arresto disciplinario en menos de un año.
Cesantía por malos tratos en un Centro de Desarrollo Infantil
Una de las sanciones recayó sobre Alicia Beatriz Ruiz Celiz, agente de planta permanente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, quien se desempeñaba en un Centro de Desarrollo Infantil de la ciudad de Neuquén.
La investigación se inició a partir de una denuncia realizada por alumnas y docentes del Instituto de Formación Docente N°12, quienes aseguraron haber presenciado situaciones irregulares mientras realizaban prácticas en la institución durante junio de 2023.
A raíz de esos testimonios, en mayo de 2024 la Subsecretaría de Familia ordenó la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades.
Según surge del expediente, las estudiantes describieron prácticas inadecuadas hacia los niños, incluyendo retos constantes, gritos, conductas carentes de criterios pedagógicos, tratos bruscos, expresiones estigmatizantes y el uso de vocabulario inapropiado.
Tras analizar las pruebas reunidas y las declaraciones de las personas involucradas, las autoridades concluyeron que la agente incurrió en “prácticas incompatibles con la tarea de una educadora respecto de los niños que tiene a su cuidado”.
La resolución también destacó la gravedad de los hechos por tratarse de menores de edad en situación de especial vulnerabilidad.
Durante la investigación, otras dos agentes fueron sometidas a sumario. Una recibió una sanción de 30 días de suspensión por omisión de sus deberes, mientras que la tercera fue sobreseída debido a que se encontraba de licencia médica al momento de los hechos.
Un penitenciario acumuló 93 días de arresto
La segunda cesantía alcanzó al cabo primero del Cuerpo Penitenciario Provincial Ángel Albino Currumil, quien registró una importante cantidad de sanciones disciplinarias durante el último año.
De acuerdo con la documentación oficial, la Jefatura de Policía solicitó su destitución luego de constatar que acumuló 93 días de arresto policial entre el 24 de agosto de 2024 y el 2 de enero de 2025.
Las actuaciones determinaron que el agente superó ampliamente el límite establecido por la normativa vigente, que considera causal de cesantía la acumulación de más de 60 días de arresto o 20 días de suspensión dentro de un período anual.
La medida fue impulsada en el marco del régimen disciplinario policial, que contempla sanciones progresivas para los agentes que incurren en faltas reiteradas o conductas incompatibles con la función pública.
Política de control y sanciones
Desde el inicio de la actual gestión provincial, el Gobierno ha avanzado en distintos procesos administrativos orientados a revisar situaciones de incumplimiento dentro de la administración pública.
Las autoridades sostienen que las medidas buscan garantizar el correcto funcionamiento de los organismos estatales, fortalecer la calidad de los servicios públicos y asegurar que los agentes provinciales cumplan con las responsabilidades inherentes a sus cargos.
Las dos cesantías conocidas en las últimas horas se suman a otras sanciones aplicadas en diferentes áreas del Estado provincial, en el marco de una política de control interno que apunta a sancionar conductas consideradas incompatibles con la función pública.
