La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento de la Legislatura provincial analizó este jueves las propuestas de protocolo para implementar los narcotest previstos en la Ley 3531, que establece estos exámenes como requisito para la permanencia en cargos públicos. Si bien hubo coincidencias sobre la necesidad de reglamentar la norma, las diferencias en torno a la modalidad de aplicación impidieron avanzar con un despacho, por lo que el tratamiento continuará tras el receso invernal.
La presidenta de la comisión, Yamilia Hermosilla (Comunidad), explicó que el objetivo es unificar los dos proyectos de resolución en análisis: uno impulsado por la Presidencia de la Legislatura, a cargo de la vicepresidenta primera Zulma Reina (Comunidad), y otro presentado por el diputado Claudio Domínguez (MPN). «La intención es construir el mejor protocolo posible», señaló.
Durante el debate, la diputada Ludmila Gaitán (MPN) sostuvo que la propuesta de su bloque se ajusta plenamente a la Ley 3531, al contemplar controles toxicológicos sorpresivos, obligatorios, aleatorios y realizados en el lugar de trabajo. Consideró que esos aspectos ya fueron discutidos durante la sanción de la norma y planteó que ahora corresponde concentrarse exclusivamente en la reglamentación del procedimiento. Además, informó que recibirán observaciones hasta la próxima reunión de comisión.
En la misma línea, la diputada Cielubi Obreque (MPN) afirmó que el debate no pasa por definir si habrá narcotest, sino por establecer cómo se implementarán. Explicó que la iniciativa de la Presidencia propone seleccionar a los legisladores mediante un sorteo en sesión y realizar los análisis en un laboratorio externo, mientras que el proyecto del MPN prevé testeos rápidos, sorpresivos y bimestrales durante el período legislativo, aplicados a los 35 diputados en sus lugares de trabajo.
Hermosilla coincidió en que las pruebas deberían realizarse de manera sorpresiva y dentro del ámbito laboral de los legisladores, en lugar de trasladarlos a un laboratorio externo, y confirmó que el tema volverá a tratarse en la primera reunión de comisión luego del receso.
Por su parte, la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) respaldó el proyecto presentado por Domínguez y propuso emitir despacho durante la reunión de este jueves. «Tenemos que demostrar la voluntad política de que realmente estamos dispuestos a hacernos los testeos», expresó.
En cambio, el diputado Gerardo Gutiérrez (MPN) manifestó reparos sobre ambos proyectos. Consideró que aún es necesario introducir modificaciones para garantizar un procedimiento viable y opinó que la operatividad debería quedar a cargo de un laboratorio especializado, en lugar del área de Medicina Laboral del Poder Legislativo. También cuestionó el énfasis puesto en el carácter sorpresivo de los controles, al entender que responde más a un impacto mediático que a criterios científicos.
Desde el bloque PTS-Frente de Izquierda Unidad, Andrés Blanco rechazó la iniciativa al calificar el debate como «demagógico». Argumentó que la aplicación del protocolo no garantiza una mejor práctica política y sostuvo que la Legislatura debería enfocarse en discutir el consumo problemático de sustancias desde una perspectiva integral. Además, advirtió sobre el posible uso político de la información que surja de los análisis.
En tanto, César Gass (JxC-UCR) y Cecilia Papa (Democracia Neuquina) coincidieron en respaldar la realización de controles sorpresivos, aunque esta última también planteó la necesidad de perfeccionar el mecanismo de selección de los legisladores que serán sometidos a los exámenes.
Las iniciativas permanecerán en comisión y volverán a debatirse a fines de julio, una vez finalizado el receso invernal, con la expectativa de consensuar un protocolo que permita finalmente poner en marcha la aplicación de los narcotest en la Legislatura.
