El Departamento Ejecutivo de San Martín de los Andes solicitó al Concejo Deliberante autorización para firmar un acuerdo de pago con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) que permita refinanciar una deuda superior a los $1.747 millones, en medio de un fuerte cruce de posiciones entre ambas partes sobre el origen y la evolución del pasivo.
La propuesta elevada por la Secretaría de Economía y Hacienda contempla cancelar la deuda en 24 cuotas mensuales, con un desembolso inicial cercano a los $102 millones. Debido al costo financiero del plan, el monto total a abonar superaría los $2.363 millones.
En la documentación enviada al cuerpo deliberativo, el Ejecutivo sostiene que el esquema establecido por la Ordenanza Nº 7158/2006 dejó de ser sostenible como consecuencia del fuerte incremento de las tarifas eléctricas.
Según el Municipio, durante años el convenio funcionó sin inconvenientes e incluso registró períodos con resultados favorables para las arcas municipales, pero el actual contexto económico modificó por completo ese escenario.
Como parte del análisis realizado por la Secretaría de Economía, el Ejecutivo informó que detectó que el Municipio estaba afrontando el costo de la energía utilizada por los sistemas de bombeo de la Cooperativa de Agua Potable, una situación que —asegura— tuvo una incidencia importante en el crecimiento de la deuda.
Ante esta situación, anunció que impulsará el traspaso de la titularidad de esos medidores a la Cooperativa para evitar que esos consumos continúen siendo absorbidos por el presupuesto municipal.
Además, el Ejecutivo sostiene que existe una «manifiesta desigualdad» en el convenio vigente. Argumenta que mientras el EPEN percibe un porcentaje por gastos administrativos derivados de la cobranza de los servicios, el Municipio no recibe compensación alguna por la recaudación de la tasa de alumbrado público.
Por ese motivo, informó que el convenio se encuentra bajo análisis de la Asesoría Legal y Técnica con el objetivo de impulsar una reformulación que permita equilibrar las responsabilidades entre ambas partes y resguardar los intereses municipales.
Qué respondió el EPEN
La postura del organismo provincial quedó expresada en una carta documento enviada el 19 de junio, en la que rechaza los cuestionamientos formulados por el Municipio y sostiene que actúa únicamente como agente recaudador en cumplimiento de la Ordenanza Nº 7158/2006.
El EPEN afirma que el cobro de gastos administrativos responde a las tareas de liquidación, gestión y cobranza que realiza por cuenta del Municipio, mecanismo que —recuerda— fue aprobado por el propio Concejo Deliberante al momento de firmar el convenio.
En relación con los medidores cuestionados, el ente provincial sostiene que los suministros registrados a nombre del Municipio fueron habilitados con autorización de funcionarios municipales y que el resto de las conexiones se encuentran encuadradas en la normativa vigente del servicio eléctrico.
Finalmente, el organismo ratificó la totalidad de la deuda reclamada e intimó al Municipio a cancelarla o adherir al plan de financiación propuesto, mientras el Concejo Deliberante deberá definir si autoriza la refinanciación solicitada por el Ejecutivo.
