Durante la fase final de alegatos en el noveno juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén, el equipo fiscal encabezado por Miguel Palazzani requirió penas de hasta prisión perpetua para los imputados, al tiempo que solicitó al tribunal el reconocimiento formal de los niños y niñas de la época como víctimas directas del terrorismo de Estado.
En su exposición, Palazzani enfatizó la dimensión de los crímenes al sostener que “ninguno de los delitos que se estén juzgando son más graves que los cometidos desde el Estado”.
Por su parte, los auxiliares fiscales José Cendagorta, Gabriela Schumacher y David Maestre detallaron el accionar coordinado de las fuerzas en los 17 casos analizados, donde las víctimas eran perseguidas de forma previa por su filiación política, gremial o estudiantil.
Solicitud de condenas y responsabilidades
La acusación pública dividió los pedidos de pena según la gravedad de las imputaciones y la participación de los acusados en los operativos de secuestro, tortura y desaparición:
- Prisión perpetua: Solicitada para los exoficiales de inteligencia Sergio San Martín, Jorge Di Pasquale y Hugo Renés, considerados responsables de las desapariciones y homicidios de Leticia Veraldi, Carmen Delard, José Luis Appel de la Cruz y Juan Raúl Pichulmán, además de torturas aplicadas a 14 personas.
- 25 y 21 años de prisión: Requeridos para Emilio Jorge Sachitella y Miguel Cil (exintegrantes de Gendarmería Nacional), por las torturas y persecuciones cometidas contra trabajadores y militantes en San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Bariloche y Roca.
- 6 años de prisión: Pedidos para el expolicía de Río Negro Miguel Ángel Ferrari y el exmilitar Carlos Carretto (quien fuera interventor municipal de Catriel en 1976), por privación ilegal de la libertad e interrogatorios bajo tormentos.
Visibilización del daño en la niñez y medidas reparatorias
Un pilar central del alegato fiscal radicó en el pedido de medidas reparatorias integrales a los jueces Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Ernesto Sebastián.
Además de solicitar el reconocimiento oficial del asesinato de Carlos Magariños tras su secuestro, la Fiscalía demandó que la sentencia declare formalmente el impacto transgeneracional que padecieron las infancias durante la dictadura.
“El objetivo es que se reconozca una realidad que quedó postergada, que se visibilice que las infancias fueron víctimas directas y no un daño colateral”, remarcó Palazzani.
Las medidas solicitadas abarcan a hijos e hijas de víctimas que sufrieron secuestros, exilio forzado o debieron presenciar las torturas a sus padres, entre ellos Victoria Appel, Mariana Méndez, Sabino Magariños, Carlos Pichulmán, Paz Colobig y María Sol Colobig.
El juicio contó con el testimonio de Mónica Pérez, hija del militante Carlos Pérez, quien destacó el valor simbólico de ver documentados los hechos tras décadas de invisibilización y del fallecimiento de su padre previo al debate.
Inicios de los alegatos de la defensa
Tras la exposición acusadora, la defensa oficial a cargo de los abogados Pablo Repetto, Lucas Oller y Federico Ferro dio comienzo a sus alegatos solicitando la absolución de Miguel Ángel Ferrari y Carlos Carretto en la causa que investiga la detención ilegal de Luis Mendoza en Catriel. Entre los argumentos expuestos sostuvieron la prescripción de la acción penal y cuestionaron la identificación de los acusados por parte de la víctima.
Las audiencias de alegatos defensivos continuarán los días 10 y 11 de agosto a partir de las 9:30 en la sede de AMUC.
