El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenía, salió al cruce de la narrativa oficialista sobre el sobreendeudamiento de los hogares y trazó un crudo diagnóstico sobre la crisis del consumo interno.
En declaraciones radiales, el dirigente pyme sostuvo que el uso del crédito no responde a consumos suntuarios, sino a la drástica caída del poder adquisitivo que obliga a la clase media a financiar compras elementales como comida y medicamentos.
Femenía contrapuso el discurso de recuperación con la realidad que enfrentan el comercio y la industria pyme en todo el territorio nacional:
- Endeudamiento por lo básico: Desmintió que las familias usen la tarjeta para gastos de lujo. “Vemos que apenas se mantienen alimentos, bebidas y farmacia. El sueldo no alcanza y se está comprando lo básico en cuotas”, afirmó, recordando que si bien hubo un rebote entre fines de 2024 y principios de 2025, la posterior suba de tasas y el límite a las paritarias aplastaron los ingresos.
- Locales vacíos y caída de empleo: Rechazó que la reactivación llegue a la economía real y señaló el cierre sistemático de comercios en la provincia de Buenos Aires y el AMBA. “Las empresas que abren no suplantan ni en calidad ni en cantidad a las que cierran”, advirtió.
- Efecto derrame del comercio electrónico: Desestimó que el canal digital compense la baja en las ventas físicas, precisando que el e-commerce apenas representa el 18% del comercio global del país.
- Ahogo financiero y embargos de ARCA: Explicó que el estancamiento del mercado interno estiró los plazos de cobro y generó un severo ahogo en las pymes, acumulando deudas bancarias, con proveedores y tributarias. Ante este escenario, la entidad reclamó un plan de pagos urgente para aliviar al sector, que hoy sufre embargos por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
- Parálisis federal: Descartó que existan provincias exentas de la recesión. Apuntó a que la crisis atraviesa tanto a los centros urbanos como a las economías regionales del sector primario debido a los altos costos logísticos, la presión impositiva y las cargas sociales.
«La economía del país la dicta el gobierno central y no hay provincia que pueda tener una política propia para cambiar esa realidad. En momentos de escasez, todos los factores duelen», concluyó el vocero de CAME, advirtiendo que la falta de incentivos estatales y la retracción del consumo amenazan con profundizar el cierre de empresas y la pérdida de empleo genuino.
