El Senado de la Nación retomará el miércoles 9 de septiembre, a las 15, el tratamiento de la reforma de la Ley de Salud Mental 26.657, después de más de cien días sin actividad legislativa sobre el tema. Será la cuarta reunión informativa desde que comenzó el debate, en abril, y podría terminar con la firma del dictamen.
Un debate que involucra a pacientes, familias y equipos de salud
El plenario conjunto de las comisiones de Salud —presidida por Ivanna Arrascaeta— y de Legislación General —a cargo de la senadora neuquina Nadia Márquez— analizará una propuesta que introduce cambios profundos en el sistema de salud mental del país.
La última reunión había tenido lugar el 20 de mayo, cuando más de 30 especialistas expusieron en el Salón Azul del Senado. En esa oportunidad, la exdiputada Marcela Campagnoli sostuvo que «detrás de cada vacío legal hay familias destruidas y hay pacientes que podrían haberse salvado si el sistema hubiese llegado antes».
Según informó El Parlamentario, el bloque de La Libertad Avanza impulsará que la próxima sesión de comisiones concluya con la firma del dictamen. A mediados de agosto, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y el ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvieron una reunión virtual con funcionarios provinciales para acercar posiciones.
Qué cambia con la reforma propuesta
Uno de los ejes centrales amplía el objeto de la ley: la normativa ya no se limitaría a la protección de derechos, sino que incorporaría acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria. Además, los equipos interdisciplinarios deberán contar con al menos un médico psiquiatra.
La iniciativa integra formalmente las adicciones dentro de las políticas de salud mental. El consumo problemático de sustancias quedaría bajo la órbita de la autoridad de aplicación, que podría habilitar dispositivos específicos ambulatorios y de internación.
Otro cambio relevante reemplaza el concepto de «riesgo cierto e inminente» por el de «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros». El Poder Ejecutivo sostiene que el ajuste busca evitar interpretaciones restrictivas que deriven en inacción.
Internaciones, altas y rol de la Justicia
Respecto de las internaciones involuntarias, el proyecto mantiene su carácter excepcional pero suma un «criterio situacional» que permite considerar antecedentes, hechos previos y la evolución probable del paciente sin tratamiento. Para disponerla se requerirá el dictamen de al menos dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psiquiatra. En casos excepcionales, un solo médico podrá tomar la medida, pero deberá obtener una revalidación dentro de las 24 horas.
El juez deberá recibir la notificación dentro de las 24 horas posteriores a la internación y tendrá tres días para autorizarla, solicitar información adicional o rechazarla. También podrá ordenar una internación si el sistema de salud se niega a realizarla pese al cumplimiento de los requisitos legales.
Las altas y externaciones quedarán bajo decisión exclusiva del equipo de salud, sin necesidad de autorización judicial. Podrán establecerse medidas de protección posteriores al alta por hasta seis meses.
La propuesta reconoce además a los hospitales especializados en psiquiatría y a las clínicas privadas como integrantes de la red sanitaria, y prohíbe el rechazo de pacientes por motivos relacionados con su salud mental. También introduce modificaciones en el Código Civil y Comercial y en el Mecanismo de Prevención de la Tortura.
La próxima reunión de comisiones está prevista para el miércoles 9 de septiembre a las 15. La senadora Nadia Márquez, como presidenta de una de las dos comisiones intervinientes, tendrá un rol clave en el desarrollo del debate.
