Una jueza de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y ordenó su sobreseimiento. La resolución, firmada por Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil N°3 porteño, se limita al expediente particular del joven identificado como M.I.A. y no invalida la norma de manera general.
Qué dice el fallo y por qué genera debate
El caso se inició el 10 de septiembre pasado, cerca de las 6 de la mañana, cuando un hombre de 47 años fue abordado por un grupo de jóvenes que habría intentado robarle. La víctima logró escapar y pedir ayuda a un policía. Al menos cuatro adolescentes quedaron a disposición de la Justicia; el Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como robo simple en grado de tentativa.
Durante el proceso, la defensa del menor solicitó que se declarara inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801, que establece el nuevo régimen penal para jóvenes. El adolescente participó de una audiencia convocada por la magistrada y ratificó ese planteo. De Marinis rechazó primero un pedido de incompetencia —para no demorar el proceso— y luego abordó el fondo de la cuestión.
Para fundamentar el sobreseimiento, la jueza recurrió al principio de progresividad y a la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos, sosteniendo que juzgar penalmente a menores de 16 años implica un retroceso respecto del régimen anterior. También incorporó recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que había instado a la Argentina a mantener en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal. Además, citó evidencia de la neurociencia sobre la maduración de la corteza prefrontal durante la adolescencia como argumento para limitar la respuesta punitiva estatal frente a menores de edad.
La situación del adolescente y las medidas dispuestas
El informe socioambiental incorporado al expediente describe que el joven vive con su madre y un hermano de 19 años, interrumpió su escolarización tras una mudanza y manifestó intención de regresar a estudiar. El documento también señala dificultades económicas en el grupo familiar y que la vivienda no cuenta con conexión a la red de gas natural.
A partir de ese contexto, De Marinis ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires para establecer un plan de acompañamiento familiar y avanzar en la reinserción escolar del adolescente. La magistrada aclaró que su postura no implica desconocer que hubo una infracción, sino tratar la vía penal como último recurso.
Reacción política: Macri y Bullrich cuestionaron a la jueza
El fallo generó una respuesta política inmediata. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que impulsará un pedido de juicio político contra De Marinis. La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, también cuestionó públicamente la decisión.
El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, había bajado la edad de responsabilidad penal a 13 años para ciertos delitos. Este fallo abre un antecedente judicial sobre su constitucionalidad, aunque su alcance queda restringido al caso particular del adolescente M.I.A.
