En el día de ayer se llevó a cabo la última audiencia prevista para la declaración de testigos en el primer juicio ambiental de la provincia que se desarrolla en nuestra ciudad. Se podría decir que fue el día de los intendentes, ya que se tomaron declaraciones a Carlos Saloniti -que en el período que se investiga era secretario de Hacienda-, a Sergio Winkelman, quien declaró como presidente del Concejo Deliberante y en el día de ayer estaba a cargo de la intendencia, y a quien era intendente en ese momento, Brunilda Rebolledo.
Vale recordar que en la causa se analiza la responsabilidad de depositar barros cloacales sin tratamiento en el vertedero municipal, por parte de quien ocupaba el cargo de directora del Organismo de Control Municipal, Julieta Muñiz Saavedra y de los dueños del terreno donde funcionaba el vertedero, Pablo y Pedro Werefkin, a cargo de la empresa Hormigomax.
En este sentido, la declaración de Rebolledo fue muy importante porque jugó un rol fundamental en ese momento. En los alegatos iniciales, la defensa de Muñiz Saavedra indicó que durante el desarrollo de las audiencias iba a demostrar que las acciones ejecutivas respecto al depósito de barros no eran responsabilidad del Organismo de Control, sino diversas áreas ejecutivas del gobierno municipal.
Al mismo tiempo, la fiscalía busca demostrar que la intendente Rebolledo, depositaba en su gabinete la responsabilidad de toma de decisiones que requerían un criterio técnico. Para sostener este punto, el fiscal Breid Obeid presentó un acta acuerdo firmada por Muñiz Saavedra y el secretario de Obras Públicas en ese momento, Ivan Miño, por parte del ejecutivo, y Pedro Werefkin, por parte de Hormigomax en la que se determinaban una serie de tareas para el tratamiento de los barros en el vertedero. Por estas tareas se definía una suma que el municipio abonaría a la empresa Hormigomax.
En esta presentación, la fiscalía destaca que en el acta acuerdo no está la firma de Brunilda Rebolledo. Un punto importante porque, más tarde, el Organismo de Control Municipal notificó que no se estaban realizando las tareas acordadas para el tratamiento de los barros. Basándose en esto se estableció una multa para la empresa, que derivaría en el no pago de las tareas que no estaban realizando.
Este es uno de los puntos fundamentales en el desarrollo de la causa, aunque las audiencias ocupan mucho tiempo con la contextualizacíon de los hechos, los que se desarrollaron en el marco de los problemas del tratamiento de los residuos urbanos. El período investigado es coincidente con el cierre de la última celda del vertedero. Gran parte de las declaraciones de Rebolledo se concentraron en esta situación.
La exintendente se refirió a los reclamos de los vecinos de Chacra 32, donde estaba ubicado el vertedero y declaró: “No había tregua para nosotros y nosotros no teníamos lugar para tirar la basura”. Una frase similar a la que manifestó cuando se desató el conflicto y ella era jefa comunal. También se manifestó respecto al depósito de los barros cloacales, indicando: “No sentía que estábamos obrando mal” y se refirió a una época en que los barros se depositaban en la costa del Lago Lácar. En este punto enfatizó: “Frente a la necesidad de resolver, la única opción era el vertedero”.
En este punto de la declaración, la Fiscalía se focalizó en saber si Rebolledo había sido informada de que los barros no estaban tratados, y después de algunas digresiones, la exintendente indicó que no sabía.
El juicio continúa hasta el viernes. En la jornada de hoy se presentarán los alegatos finales esperando que la semana finalice con el veredicto del tribunal.
