En las últimas horas se conoció que la Justicia Federal imputó a un soldado por el homicidio de Pablo Córdoba, quien murió el primero de junio pasado en el hospital de Zapala, luego de haber sido encontrado con dos disparos durante una guardia nocturna, en el puesto del Grupo de Artillería 16, del Ejército Argentino.
«No sabemos si se encubre a sí mismo o encubre a otras personas, pero estoy segura que sabe mucho más de lo que dice», expresó Natalia Uribe, la mamá de la víctima.
El juez Greca decidió separar las investigaciones: por un lado el homicidio, y por el otro el encubrimiento. Lo hizo a sugerencia de la fiscal federal interina Karina Martínez Stagnaro.
La fiscal federal le pidió al juez Greca que recaratule el expediente principal, de «muerte dudosa» a «homicidio» y que investigue el presunto encubrimiento, sobre el que hay algunas pistas serias. Dejó a criterio del magistrado que si lo considera adecuado, abra una causa por separado.
El juez desdobló el expediente y le delegó la investigación del encubrimiento a la fiscal Martínez Stagnaro. Además la «invitó» a que se hiciera cargo de la causa por homicidio.
Ahora el soldado que fue imputado por encubrimiento era compañero de Pablo. Declaró varias veces ante la Justicia Federal, y en una de sus declaraciones, dijo haber filmado a la víctima mientras agonizaba, y que tales imágenes eran claves para esclarecer los momentos previos.
«El juez federal de la causa -Hugo Greca- no le pidió en ese momento el teléfono, lo hizo después. Y cuando lo hizo, el joven manifestó que ya no lo tenía, se lo habían robado. La Policía lo encontró en la casa de la chica que supuestamente se lo había sacado. Pero ya había borrado el video y reseteado el celular», contó la madre de Pablo.
En las imágenes que borró, el arma que fue hallada en el lugar habría estado en otra posición. «No estaba encima de mi hijo, si no al costado. Pero lamentablemente esas imágenes se perdieron porque a los dos días formatea el celular y esta evidencia se pierde», agregó la mujer.
Indicó también que el imputado declaró haber compartido el video con una tía. Pero llamativamente a ella se le arruinó su teléfono celular. «Muy raro todo», consideró la madre de Pablo.
Con todos los elementos que cuenta la fiscal aceptó investigar el encubrimiento, pero sobre el homicidio le respondió al juez que procesalmente era imposible que se hiciera cargo de una investigación que el magistrado tuvo casi seis meses en su poder. Planteó que a futuro pueden producirse nulidades que afectarían la averiguación de la verdad.
Cuando sean aceptados como querellantes, los padres del soldado podrán tener acceso al expediente y proponer medidas de prueba. La presentación ante el juez federal subrogante Hugo Greca la hicieron a través de su abogado, Maximiliano Orpianessi, quien invocó todas las normas procesales y legales que sustentan el reclamo.
