Recientemente, la Cooperativa de Agua y Otros Servicios de San Martín de los Andes envió varias notas al Departamento Ejecutivo advirtiendo sobre la crítica situación del tratamiento de los barros. En una entrevista con RSM Radio, el defensor adjunto del Pueblo y del Ambiente, Gonzalo Salaberry, explicó la situación actual del tratamiento de efluentes y describió el estado en el que se ha estado trabajando últimamente.
Salaberry, licenciado en gestión ambiental, indicó que el proceso de tratamiento de efluentes que se realiza actualmente en nuestra ciudad presenta falencias en cada uno de sus pasos. “La Cooperativa ha venido advirtiendo desde hace tiempo, y recientemente mediante notas al Departamento Ejecutivo, que varios de estos pasos están al borde del colapso”, remarcó.
Tanto la Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE) N° 1 como la N° 3 están colapsadas, lo que ha impedido la autorización de nuevas conexiones. “Esto significa que si se construye una casa nueva o un desarrollo nuevo, las viviendas no podrán conectarse al sistema”, agregó. “Las plantas están diseñadas para una cantidad determinada de personas que contribuyen al sistema. Si se excede esa cantidad, se necesitan nuevas plantas de tratamiento o duplicar las existentes”.
Para ello, la cooperativa elaboró un presupuesto estimado en 3 millones de dólares, una cifra que está fuera del alcance del Estado Municipal.
“Como sabemos, el Estado Nacional ha suspendido las inversiones, por lo que debería ser el Estado Provincial quien asuma estas obras, ya que en definitiva es el dueño de los recursos de la provincia, como ríos, bosques y lagos”, explicó el defensor adjunto. “Si la provincia quiere evitar la contaminación y mantener el desarrollo de las ciudades, debe invertir en infraestructura, como agua potable y saneamiento”.
Salaberry también mencionó que esta situación ha sido advertida a las distintas gestiones del ejecutivo municipal, pero es complejo conseguir el financiamiento necesario.
En cuanto a la gestión de los barros, explicó que el tratamiento de efluentes comienza en una estación de bombeo donde se trituran los desechos domiciliarios, seguido de un proceso de tratamiento en el que las bacterias descomponen los productos orgánicos. De este proceso quedan residuos, conocidos como barros, que deben ser retirados para no obstruir todo el sistema, ya que, de no hacerlo, la cooperativa comenzaría a verter líquidos con un tratamiento deficiente.
“Hasta hace poco, la cooperativa retiraba entre tres y cuatro volquetes por día de ambas plantas. Esos barros se depositan en un terreno alquilado por el municipio, fuera del ejido. Ese terreno ya ha colapsado, es decir, se ha acumulado tanto que no hay más espacio. Esto es lo que la cooperativa ha estado advirtiendo al municipio, que es el responsable, por contrato, de proporcionar un lugar para disponer los barros”, señaló.
Salaberry detalló que, debido a las condiciones climáticas, los camiones de la cooperativa no pueden manejar adecuadamente los barros. “Los barros deben ser volteados y aireados para su tratamiento, pero como no se puede hacer, el sitio colapsó”.
Ante esta situación, el ejecutivo solicitó un nuevo terreno a la provincia, pero con el cambio de gestión, todo se retrasó. “La información que estamos solicitando al ejecutivo desde la Defensoría del Pueblo y del Ambiente es si tienen a alguien en la provincia gestionando la aprobación urgente”, aclaró Salaberry.
En estas condiciones, tres profesionales han pasado por el puesto de gerente de saneamiento de la cooperativa en el último año, ya que esta persona es responsable de la gestión de los líquidos. “Supongamos que la planta colapsa y se vierten efluentes crudos al arroyo, es decir, el famoso ‘By Pass’. Esto finalmente llega al lago, que forma parte de una cuenca binacional, resultando en una contaminación que constituye un delito ambiental. La justicia podría actuar de oficio e imputar al responsable”.
Salaberry concluyó: “En una situación extrema, la cooperativa podría entregar las plantas al municipio y, de un día para otro, quedarnos sin el servicio de agua y saneamiento. Ha sucedido que personas de la cooperativa nos digan que en estas condiciones no pueden operar. Si no pueden operar, sería entregar la llave del servicio al municipio”.
