Este lunes, el Gobierno nacional oficializó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad mediante el Decreto 461/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida fue anticipada en una conferencia encabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien presentó la decisión como una acción simbólica y concreta contra la corrupción en la obra pública.
La conferencia inició con un video que recordó la causa judicial conocida como “Vialidad”, por la que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión y actualmente cumple arresto domiciliario. A partir de allí, Adorni repasó detalles de la investigación, destacando que el expediente se basó en 51 contratos otorgados al empresario Lázaro Báez, con sobreprecios, obras abandonadas y ampliaciones de plazos injustificadas.
“Hubo contratos públicos amañados, abandono de obras, ampliación injustificada de plazos. Se inyectó liquidez a Vialidad como instrumento para una maniobra ilegal destinada a mover recursos”, sostuvo el funcionario.
En ese contexto, Adorni anunció el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), en tanto, será transformada en la nueva Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte, que asumirá funciones de fiscalización sobre concesiones viales.
Además, se anunció la apertura a licitación de 9.120 kilómetros de rutas nacionales, que según el Gobierno “se vieron degradadas tras décadas de despilfarro y corrupción”.
“El presidente Javier Milei firmó un acta de defunción a la corrupción de la obra pública”, afirmó Adorni con contundencia.
El vocero también aprovechó para defender el uso de las facultades delegadas que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo y que vencen este martes. “Es uno de los pocos gobiernos desde la vuelta de la democracia que no solicitó su prórroga, a diferencia del kirchnerismo que las renovó hasta el final de su mandato”, argumentó.
En tono crítico, Adorni cuestionó a quienes alertaban sobre los llamados “superpoderes” del Ejecutivo: “Los mismos que hoy se escandalizan fueron quienes miraron para otro lado cuando Alberto Fernández usó esas herramientas para imponer la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, e incluso para encerrar a los argentinos durante la pandemia”.
El portavoz destacó que, a diferencia de gobiernos anteriores, Milei utilizó las facultades para “aliviar la carga fiscal” y reducir el gasto público. Según precisó, los 65 decretos firmados en el último año permitieron un ahorro de 2 mil millones de dólares.
“El presidente respetó la institucionalidad. No prorrogó las facultades delegadas, las utilizó con un único fin: sacar a la Argentina de la decadencia”, concluyó Adorni.
