La Fiscalía de Estado de Neuquén anunció que apelará el reciente fallo en la causa de planes sociales, en la que fueron condenados ex funcionarios y agentes por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, pero donde el tribunal no hizo lugar a la acusación por asociación ilícita.
Desde el organismo señalaron que, si bien el tribunal basó su decisión en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que adoptan un criterio restrictivo en esta materia, consideran que en este caso se acreditaron los requisitos del artículo 210 del Código Penal, en particular “la existencia de planes plurales de carácter delictivo, que exceden una única maniobra de fraude”.
Argumentos de la Fiscalía
Según la presentación, la valoración realizada por el tribunal “no reflejó adecuadamente la prueba incorporada, que da cuenta de una estructura organizada y estable, con roles diferenciados, y de una pluralidad de planes delictivos concatenados, ejecutados mediante diversas maniobras”.
Entre las irregularidades señaladas mencionaron:
- Emisión de cheques y endosos simulados.
- Inclusión irregular de beneficiarios no habilitados.
- Certificaciones falsas de beneficiarios.
- Inclusión de empleados públicos como beneficiarios.
- Uso y extracción de fondos con tarjetas de débito obtenidas ilícitamente de los verdaderos beneficiarios.
En ese marco, la Fiscalía de Estado remarcó que estas conductas “no constituyen un hecho aislado, sino un conjunto de planes criminales articulados y sistemáticos, orientados al desvío y apropiación de fondos públicos”.
Pedido de penas más severas
El organismo confirmó además que solicitará la aplicación del máximo de las penas previstas para el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, las cuales deberían ser de cumplimiento efectivo.
“En respeto a las instituciones y a las decisiones adoptadas, se ejercerán los recursos procesales correspondientes, confiando en que las instancias superiores revisarán la cuestión. Nuestro objetivo es que la respuesta judicial sea integral y proporcione la máxima tutela al patrimonio público y a la confianza ciudadana”, concluye el comunicado.
