La Legislatura neuquina recibió un proyecto que propone la creación del Sistema de Alerta Temprana de Personas Vulnerables Desaparecidas, denominado ALERTA VIDA, una herramienta que busca agilizar la búsqueda de personas en situación de riesgo mediante activación inmediata y articulación entre múltiples organismos.
La iniciativa fue impulsada por el legislador Lisandro Ariel Calvo, quien en los fundamentos advierte que el sistema apunta especialmente a infancias, adolescencias, mujeres y adultos mayores, y responde a “la demora institucional, los vacíos de competencia y la falta de articulación” que actualmente dificultan la activación temprana de los operativos de búsqueda.
Activación en menos de una hora
Según el proyecto, ALERTA VIDA deberá ponerse en marcha como máximo dentro de la primera hora desde que se recibe la denuncia formal de desaparición. Para ello, será indispensable la coordinación en tiempo real entre fuerzas de seguridad, organismos judiciales, medios de comunicación y ciudadanía.
El sistema funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
Rastreo tecnológico y registro único
El programa contempla herramientas de rastreo móvil, geolocalización, monitoreo de cámaras urbanas y sistemas satelitales.
Además, creará un Registro Único con acceso controlado y resguardo estricto de datos personales, y un Observatorio encargado de recopilar, analizar y publicar estadísticas sobre desapariciones.
Participación ciudadana y difusión masiva
El proyecto establece que las alertas deberán difundirse de forma inmediata a través de canales oficiales, medios de comunicación y redes sociales, buscando la colaboración de la comunidad mediante sistemas seguros de aporte de información.
Financiamiento y recompensas
Para sostener el sistema, se propone un financiamiento mixto compuesto por partidas presupuestarias y un fondo específico que permitirá cubrir gastos urgentes en operativos y ofrecer recompensas a quienes aporten datos verificados que ayuden a ubicar a la persona buscada.
Contención a las familias y sanciones
El proyecto también prevé contención psicológica, asesoramiento legal y acompañamiento social tanto para la víctima como para su entorno familiar.
Asimismo, establece sanciones para los funcionarios o agentes que no actúen dentro de los plazos previstos por el protocolo.
Protocolo de Intervención Urgente
La propuesta incluye además la creación del Protocolo de Intervención Urgente (PIU), aplicable a casos de acoso, hostigamiento o amenazas. Este protocolo obligará a evaluar el riesgo en un máximo de tres horas y a disponer medidas inmediatas como restricciones de acercamiento, custodia policial, asistencia psicológica o derivación a refugios.
“El derecho a ser buscado”
En sus fundamentos, Calvo sintetiza el espíritu del proyecto:
“La iniciativa responde a un clamor social profundo: el derecho a vivir sin miedo, a ser buscado, a ser encontrado y a ser escuchado”.
