El juicio de determinación de la pena por las estafas con planes sociales en Neuquén llegó este miércoles a su etapa final, y la fiscalía solicitó duras condenas de prisión efectiva para las 12 personas declaradas responsables del esquema fraudulento que operó dentro del Ministerio de Desarrollo Social.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli presentó su pedido ante el tribunal y remarcó que se trató de “un delito grave que afectó seriamente a la administración pública”, en referencia al mecanismo mediante el cual se desviaban fondos de los subsidios sociales utilizando tarjetas de débito retenidas a beneficiarios.
El equipo del Ministerio Público Fiscal (MPF) estuvo integrado además por el fiscal del caso Juan Narvaez y las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara. La querella, en representación de Fiscalía de Estado, fue ejercida por el abogado Gustavo Kohon.
Solicitud de penas y diferencias según el rol de cada imputado
Los pedidos de la fiscalía se basaron en el veredicto previo del tribunal integrado por los jueces Juan Gaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees, quienes declararon por unanimidad la responsabilidad de los acusados por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
En esa instancia, el tribunal descartó la figura de asociación ilícita, inicialmente planteada por el MPF.
Pese a los intentos de las defensas por obtener penas mínimas o de ejecución condicional, Vignaroli reclamó prisión efectiva para todos los condenados y distinguió entre coautores y partícipes primarios.
Penas solicitadas para los coautores:
- Abel Di Luca (exministro de Desarrollo Social),
Tomás Siengenthaler (coordinador provincial) y
Ricardo Soiza (director de Planes Sociales):
👉 6 años de prisión - Néstor Pablo Sanz (director de Fiscalización) y
Luis María Gallo (director de Finanzas):
👉 5 años y 6 meses - Laura Carolina Resnik (directora de Finanzas) y
Julieta Mariana Oviedo (directora de Tesorería):
👉 5 años
Penas solicitadas para partícipes primarios:
- Marcos Ariel Osuna (jefe de Informática de Planes Sociales):
👉 4 años y 8 meses - Alfredo Cury e Isabel Natalia Montoya:
👉 4 años - Valeria Noemí Honorio:
👉 3 años y 8 meses - Emanuel Rodolfo Victoria Contrera:
👉 3 años y 6 meses
Además, el fiscal jefe requirió inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el pago de accesorias legales y costas, y el decomiso de bienes registrales de todos los condenados.
Un fraude que impactó en los sectores más vulnerables
Durante la audiencia, algunos de los acusados pidieron la palabra: uno de ellos ofreció disculpas, mientras que otros intentaron dar sus versiones sobre los hechos que quedaron acreditados durante el juicio.
La maniobra consistía en retener las tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales y apropiarse de gran parte del dinero depositado cada mes. Según la teoría fiscal, parte de esos fondos terminaba en manos de referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Antes de este juicio, otras nueve personas ya habían sido condenadas por tareas complementarias del esquema, como retirar dinero en cajeros o cobrar cheques, recibiendo penas de tres años de prisión condicional.
Qué viene ahora
Este jueves será el turno de las defensas, que insistirán en pedir penas en suspenso. Luego, el tribunal se tomará el plazo legal para dictar la sentencia definitiva, que deberá ubicarse dentro del rango planteado entre los pedidos fiscales y los planteos defensivos.
