Condenaron a 12 personas por estafas con planes sociales, pero descartaron la asociación ilícita

El tribunal integrado por los jueces Juan Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees declaró penalmente responsables a 12 de las 14 personas llevadas a juicio por maniobras de fraude con planes sociales en la provincia de Neuquén.

La resolución fue adoptada por unanimidad y tipificó los hechos como administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado, aunque los magistrados descartaron la figura de asociación ilícita que había sostenido el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El veredicto

Durante la lectura de la sentencia, el juez Guaita señaló que quedó acreditado que, desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través de distintas dependencias, se implementó “una administración fraudulenta contra la administración pública provincial, que captó beneficiarios, falsificó documentos, desvió fondos y consolidó un patrimonio ilícito destinado a gastos de sostenimiento y a alimentar una estructura de clientelismo político”.

Si bien los jueces reconocieron la complejidad de la maniobra, aclararon que no se probó que los acusados tuvieran la intención de conformar una organización criminal autónoma. “Está claro que desplegaron acciones para defraudar, pero no quedó demostrado que, además, hayan querido constituir una asociación destinada a delinquir”, puntualizó el juez Kees.

Absoluciones y responsabilidades

En el fallo, el tribunal absolvió a A.K. y L.C.R.: en el primer caso porque no estaba en condiciones de comprender la ilegalidad de los actos y en el segundo por falta de pruebas sobre su participación.

El resto de los acusados fueron condenados:

Coautores: Orlando Abel Di Luca, Tomás Siengentharler, Ricardo Nicolás Soiza, Luis María Gallo, Laura Carolina Reznik Mastronardi, Julieta Mariana Oviedo y Néstor Pablo Sanz.

Partícipes primarios: Valeria Noemí Honorio, Isabel Natalia Montoya, Marcos Ariel Osuna, Emanuel Rodolfo Victoria Contreras y Alfredo Curi.

Las maniobras

Según se acreditó en el debate, las estafas se llevaron a cabo entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, por un monto histórico de $153.377.900. El fraude consistió en la retención y uso indebido de tarjetas de débito pertenecientes a beneficiarios de planes sociales creados para atender demandas de personas en situación de desempleo.

Algunos beneficiarios recibían solo una parte del subsidio —alrededor de 49 mil pesos—, mientras que el resto era desviado, presuntamente, hacia referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Antecedentes y otras condenas

Antes del juicio, otras nueve personas aceptaron su responsabilidad en las maniobras y fueron condenadas a tres años de prisión condicional, además del cumplimiento de reglas de conducta y el pago de sumas a instituciones de bien público.

Próximos pasos

Más allá de lo resuelto en el fuero penal, la Fiscalía de Estado anticipó que avanzará con reclamos administrativos para recuperar parte de los fondos defraudados.