El Contralor Municipal, Jorge Fernández, elevó al Concejo Deliberante un severo informe en el que alerta sobre el uso de los recursos provenientes del estacionamiento medido y las multas de tránsito. Según indicó, los $505.642.389 recaudados no fueron destinados ni al Boleto Estudiantil Gratuito ni al Fondo de Movilidad Urbana, tal como establece la normativa vigente, sino que fueron utilizados íntegramente para pagar facturas emitidas por SAEM, la empresa concesionaria del sistema.
La nota, fechada el 4 de diciembre de 2025 y dirigida a los concejales, expone que “desde la auditoría integrante de esta Contraloría se ha advertido y se viene observando en nuestros informes trimestrales lo que prima facie se advierte como una falta total de gestión y grave desmanejo de los fondos que nuestro municipio percibe por el cobro del estacionamiento medido”.
Comisiones absorbidas por el municipio
Fernández también detalló que la auditoría detectó que las comisiones cobradas por las plataformas de pago —entre ellas Clik, Prisma y Mercado Pago—, que representan entre el 2,5% y el 4% de la recaudación total, están siendo afrontadas en su totalidad por el municipio, cuando deberían pagarse en proporción al acuerdo vigente: 72,5% a cargo de SAEM y 27,5% por el municipio.
Es decir, el municipio está absorbiendo gastos que no le corresponden, generando un desfasaje económico que afecta los fondos destinados a políticas públicas de movilidad y transporte.
Un año sin aportes a programas clave
El Contralor fue categórico al afirmar que a un año de haberse implementado el cobro del estacionamiento medido y las multas, la totalidad del dinero recaudado “solo fue utilizada para el pago de las facturas emitidas por SAEM”.
En el cierre del documento, Fernández subraya:
“Dejo informado que ni un peso del dinero percibido presupuestariamente por el cobro del estacionamiento medido más las multas generadas ha sido destinado a solventar el Boleto Estudiantil Gratuito o aporte al Fondo de Movilidad Urbana”.
La advertencia generó preocupación entre concejales y funcionarios, ya que compromete dos programas centrales de la política de movilidad: el subsidio al transporte estudiantil y el financiamiento para mejoras en infraestructura y transporte público. Se espera que el Concejo analice el informe en comisión y solicite explicaciones al Ejecutivo municipal y a la empresa concesionaria.
