El gobierno de la Provincia del Neuquén aprobó la reglamentación de la Ley 3531, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos como requisito para la permanencia en sus cargos.
La norma tiene como objetivo fortalecer la ética, la idoneidad y la transparencia institucional en el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con el texto reglamentado, se busca garantizar que quienes desempeñan responsabilidades en el Estado provincial lo hagan en condiciones compatibles con sus funciones y libres del consumo de sustancias psicoactivas prohibidas.
Según se informó, los controles se realizarán de manera sorpresiva a través de un sorteo trimestral administrado por el Instituto Provincial de Juegos de Azar.
Este mecanismo apunta a asegurar criterios de imparcialidad y transparencia en la selección de los funcionarios que deberán someterse a los análisis.
Los estudios consistirán en pruebas sobre muestras de orina y estarán orientados a detectar la presencia de distintas sustancias, entre ellas opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras.
La reglamentación establece además que los funcionarios deberán informar previamente sobre medicamentos o suplementos que puedan influir en los resultados.
En caso de un resultado positivo, se garantizará el derecho a una contraprueba en un laboratorio distinto y la posibilidad de contar con la asistencia de un perito bioquímico de su elección.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que todo el procedimiento se desarrollará bajo estrictos principios de confidencialidad, protección de datos personales y debido proceso, en el marco de las garantías constitucionales vigentes.
