Exámenes toxicológicos obligatorios: el Gobierno neuquino avanzó con controles a ministros

El Gobierno de la Provincia del Neuquén completó durante la última semana la segunda etapa de los exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos, una medida impulsada por el gobernador Rolando Figueroa con el objetivo de fortalecer la transparencia, la ética y la idoneidad en el ejercicio de la función pública.

En esta nueva instancia, los controles incluyeron a dos ministros, dejando en evidencia que la normativa se aplica sin distinción de jerarquías y alcanza a todos los funcionarios comprendidos por la Ley 3531.

El esquema de fiscalización se realiza de manera trimestral y continuará de forma sistemática hasta abarcar a la totalidad de los funcionarios y funcionarias alcanzados por la legislación vigente durante la actual gestión.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el propósito es sostener un monitoreo permanente que garantice que quienes ocupan cargos de conducción ejerzan sus funciones libres del consumo de sustancias prohibidas.

El Gobierno aclaró que estos exámenes no constituyen un requisito de ingreso a la administración pública, sino una herramienta de supervisión para quienes ya desempeñan funciones políticas o jerárquicas.

La reglamentación también establece el procedimiento a seguir ante un eventual resultado positivo confirmado.

En esos casos, el funcionario cesará en su cargo político o jerárquico y regresará a su categoría de planta permanente para recibir el tratamiento y la asistencia sanitaria correspondiente.

Además, el sistema garantiza la confidencialidad de la información mediante la Historia Clínica Digital Única, con acceso restringido exclusivamente al agente involucrado y al personal médico autorizado.

Para asegurar el debido proceso, la normativa contempla el mantenimiento de la cadena de custodia de las muestras y otorga el derecho a solicitar una contraprueba en un laboratorio independiente dentro de las 24 horas, además de permitir la intervención de peritos de parte.

La implementación de este mecanismo se enmarca en la reglamentación de la Ley 3531, aprobada en febrero mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa y publicado en el Boletín Oficial.

La norma fue elaborada con la participación de la Subsecretaría de Recursos Humanos, el Ministerio de Salud, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado, y fue refrendada por los ministros de Salud, Martín Regueiro, y de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

Con la finalización de esta segunda etapa, el Ejecutivo neuquino ratificó su decisión de consolidar mecanismos de control permanentes para fortalecer la integridad institucional y reforzar la confianza de la ciudadanía en la administración pública.