Un joven de 20 años radicó una denuncia judicial en la propia Comisaría 23° de San Martín de los Andes este sábado 4 de abril, en la que acusó a efectivos policiales de haberlo golpeado durante su detención y de haberle negado el derecho a realizar una llamada telefónica. Los hechos, según el acta, ocurrieron en la madrugada en inmediaciones de la plaza Sarmiento.
Lo que relató el joven en la denuncia
Según consta en el acta judicial, el denunciante se encontraba junto a dos amigos en las proximidades de la plaza Sarmiento pasadas las 05:00, cuando escucharon que algo había impactado contra un patrullero estacionado en Av. San Martín. El joven afirmó no haber sido él ni sus acompañantes quienes arrojaron el objeto.
Personal policial ingresó a la plaza, los rodeó y, sin mediar mayores preguntas, un oficial le colocó esposas. Al protestar y pedir explicaciones, sostuvo que el mismo policía lo golpeó dos veces con puño cerrado en la boca, pese a haberle advertido que tenía un diente en mal estado.
Golpes en el calabozo y negativa a llamar
Trasladado a la Comisaría 23°, el joven aseguró que le negaron reiteradamente el derecho a hacer una llamada. Junto a uno de sus amigos, permanecieron en el calabozo reclamando ese derecho. En respuesta, según el relato, les arrojaron agua fría desde la puerta. Al insistir, ingresaron varios efectivos —hombres y mujeres— y uno de ellos lo golpeó con mano abierta en el cachete izquierdo en dos oportunidades; otro lo golpeó en la boca.
Presión para que identificara a un tercero
El joven declaró además que una oficial lo llevó al pasillo y le exigió que señalara quién había arrojado el objeto contra el patrullero. Ante su negativa, la misma oficial le advirtió que, si radicaba la denuncia, le imputarían los cargos por el daño al móvil policial.
El joven igualmente formalizó la denuncia. Fue retirado de la comisaría sin que se le iniciara causa.
La versión policial, pendiente
El acta fue firmada por un oficial actuante de la propia Comisaría 23°. Hasta el momento de esta publicación, la institución no emitió declaraciones públicas sobre el episodio.
La denuncia quedó radicada y será derivada al área judicial correspondiente. El caso podría enmarcarse en la figura de apremios ilegales, prevista en el Código Penal argentino.
