Una denuncia por presuntas torturas, apremios ilegales y abusos sistemáticos dentro de una unidad especial de la Policía de Neuquén permanece prácticamente inmóvil desde hace más de un año. Mientras tanto, quienes fueron señalados por los hechos continúan desempeñando funciones dentro de la fuerza.
El caso involucra al Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Junín de los Andes, una de las unidades de intervención táctica de la provincia.
Allí, según la denuncia presentada por un efectivo que integró el grupo, las prácticas de entrenamiento habrían excedido cualquier parámetro de instrucción profesional para convertirse en situaciones de violencia física y psicológica extrema.
El relato presentado ante la Justicia y en sede administrativa describe episodios que, de comprobarse, podrían encuadrarse dentro de delitos de gravedad institucional.
Entre ellos figuran presuntas agresiones físicas por parte de superiores, simulacros de ahogamiento, sometimientos forzados en cursos de agua, vejaciones y castigos degradantes.
Según consta en la denuncia, el efectivo habría sido obligado a ingerir alimento para animales y sometido reiteradamente al rasurado de cabello en condiciones consideradas riesgosas, incluso utilizando máquinas eléctricas mientras se encontraba completamente mojado.
Sin embargo, uno de los puntos más alarmantes del relato se refiere a las prácticas realizadas en un río cercano a Junín de los Andes.
Allí, el denunciante asegura haber sido atado y sumergido contra su voluntad.
En algunos casos, sostiene que permanecía bajo el agua hasta el límite de su resistencia física. También denunció haber sido colocado boca abajo, con las manos atadas y los pies elevados, provocando el ingreso de agua por nariz y boca.
Las acusaciones no terminan allí.
El efectivo asegura haber sufrido golpes y cachetadas por parte de superiores durante las supuestas instancias de instrucción.
Después de uno de esos episodios acudió al hospital local por un esguince de tobillo y fuertes dolores en el tórax. Días después, estudios médicos habrían confirmado una fractura costal.
Según la denuncia, la lesión fue consecuencia de un golpe recibido por parte del jefe de la unidad.
Intervención de la cúpula policial
La gravedad de los hechos habría motivado la intervención de autoridades de alto rango de la Policía neuquina.
Fuentes consultadas señalaron que el entonces superintendente de Seguridad y un funcionario que actualmente ocupa la Dirección Región Lagos del Sur entrevistaron personalmente al denunciante en San Martín de los Andes.
Tras ese encuentro, se habría dispuesto su traslado inmediato al Comando Radioeléctrico local.
La medida alimentó interrogantes que aún no tienen respuesta pública: si la denuncia fue considerada lo suficientemente seria como para apartar al efectivo de la unidad, ¿qué ocurrió después con la investigación?
Hasta el momento no se conocen resultados de sumarios internos, sanciones disciplinarias ni avances judiciales relevantes.
Un silencio que llama la atención
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el caso prácticamente desapareció de la agenda pública.
Según pudo reconstruir este medio, una emisora radial de Junín de los Andes abordó inicialmente la denuncia, aunque el contenido fue retirado pocos días después.
Desde entonces, el tema no volvió a tener repercusión mediática significativa.
El silencio contrasta con la magnitud de las acusaciones y con el impacto que hechos de estas características podrían tener sobre la credibilidad de una fuerza de seguridad encargada de actuar en situaciones de alta complejidad.
Antecedentes y un presunto «derecho de piso»
Fuentes internas consultadas afirman que el jefe señalado en la denuncia ya habría sido mencionado en otras acusaciones vinculadas a malos tratos durante destinos anteriores, entre ellos el Grupo de Infantería Metropolitana de Neuquén. Ninguno de esos antecedentes habría derivado en consecuencias conocidas.
Dentro del GEOP, según testimonios coincidentes, muchas de las prácticas denunciadas eran justificadas como parte de un supuesto «derecho de piso», una lógica informal que históricamente ha sido cuestionada en distintas fuerzas de seguridad y militares del país.
Lo llamativo es que el denunciante no era un ingresante sin experiencia. Contaba con formación previa y había aprobado el curso TOP (Técnicas de Operaciones Policiales), requisito indispensable para integrar grupos especiales.
Un clima de presión interna
Las fuentes consultadas también describen un escenario de fuerte verticalismo y presiones internas.
Según los testimonios, los traslados eran utilizados como mecanismo disciplinador frente a diferencias con la conducción de la unidad. Uno de los casos mencionados es el de un efectivo que habría sido destinado a la Brigada Rural de Junín de los Andes tras mantener desacuerdos con el jefe del grupo.
A ello se suman denuncias sobre la imposición de servicios adicionales obligatorios para solventar gastos internos de la unidad, una práctica que también genera cuestionamientos dentro de la fuerza.
Sin respuestas
Más de un año después de presentada la denuncia, la principal pregunta sigue sin respuesta: ¿qué pasó con la investigación?
Ni la vía judicial ni la administrativa muestran avances públicos significativos. Los efectivos señalados continúan prestando servicio y el jefe acusado seguiría cumpliendo funciones vinculadas a la instrucción del personal.
Mientras tanto, el expediente permanece envuelto en un silencio que contrasta con la gravedad de los hechos denunciados.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control dentro de las fuerzas especiales y revive un debate que la Argentina ya ha enfrentado en numerosas oportunidades: hasta dónde puede llegar un entrenamiento antes de convertirse en abuso, y qué sucede cuando quienes denuncian aseguran que nadie escucha.
