Un oficial de la Policía neuquina condenado por abuso sexual y un auxiliar de servicios de un jardín de infantes condenado por amenazas con arma de fuego fueron expulsados de la administración pública provincial. El Gobierno de Neuquén formalizó ambas bajas en el marco de la política de tolerancia cero impulsada por la gestión de Rolando Figueroa.
Un policía condenado por abuso sexual contra una colega
Patricio Eduardo Gómez, oficial principal de la Policía del Neuquén, fue exonerado luego de que un Tribunal de Juicio lo condenara a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual simple agravado por su condición de funcionario policial. El hecho ocurrió contra una compañera de trabajo mientras ambos cumplían funciones. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal en septiembre de 2023.
Además de la pena, la Justicia le impuso una inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones vinculadas a la seguridad, lo que por sí mismo representó un impedimento legal para continuar en la fuerza. La propia Jefatura de Policía solicitó la exoneración. Según el expediente, Gómez presentó recursos contra las actuaciones administrativas, pero todos fueron rechazados.
Un auxiliar escolar condenado por amenazas con arma de fuego
El otro caso involucra a Darío Gaspar Rifo Meliqueo, auxiliar de servicios del Jardín de Infantes N° 52 de Añelo. El gobernador convalidó una resolución del Consejo Provincial de Educación del 18 de mayo pasado que dispuso su baja, tras una condena judicial por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegítima de arma de uso civil. La sentencia estableció dos años de prisión en suspenso y el pago de una multa.
Las autoridades consideraron que la condena generó una incompatibilidad con las responsabilidades del puesto. El análisis administrativo también tuvo en cuenta el Estatuto del Personal Civil y el Convenio Colectivo de Trabajo, que exigen a los agentes estatales mantener condiciones de conducta compatibles con la confianza que supone ejercer una función pública. Las actuaciones concluyeron que el ex auxiliar no reunía esas condiciones.
Tolerancia cero como política de la gestión Figueroa
Ambas expulsiones se inscriben en la línea impulsada por la administración provincial, que aplica la baja de agentes del Estado cuando existen condenas judiciales que se consideran incompatibles con la continuidad en el cargo, independientemente de que las penas sean de cumplimiento condicional.
