El gobierno neuquino expulsó a dos agentes estatales por indisciplina y delitos graves

El gobierno provincial dispuso la expulsión de dos empleados estatales por faltas graves, en el marco de la política de “tolerancia cero” que lleva adelante la gestión de Rolando Figueroa desde diciembre de 2023.

Uno de los casos corresponde a María Elsa Millaín, trabajadora del Ente Provincial de Termas del Neuquén (EPROTEN), quien fue cesanteada por injustificadas inasistencias a su puesto de trabajo durante casi dos años completos. El otro involucra a César Benedicto Neira, auxiliar escolar de Junín de los Andes, quien fue dado de baja tras haber sido condenado por abuso sexual simple contra una adolescente de su entorno familiar.

Casi dos años sin trabajar

Según la investigación administrativa, Millaín no se presentó a trabajar entre el 25 de octubre de 2021 y el 10 de agosto de 2023, sin contar con licencias ni presentar certificados médicos que justificaran las faltas. Los auditores del organismo advirtieron además “falta total de interés hacia su propio cargo” y “mala fe en su conducta”, al haber evitado recibir notificaciones.

El gobernador Figueroa firmó el decreto de cesantía y ordenó que se inicien acciones para recuperar los sueldos cobrados durante el período en el que no trabajó. Si no fuera posible, la Fiscalía de Estado intervendrá para iniciar las actuaciones correspondientes.

Un auxiliar condenado por abuso sexual

En paralelo, el Ejecutivo provincial confirmó la expulsión de Neira, quien se desempeñaba como portero en una escuela primaria de Junín de los Andes. El trabajador fue condenado el 14 de febrero de 2023 a un año de prisión en suspenso, tras reconocer su responsabilidad en dos hechos de abuso sexual simple cometidos en 2022.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) había separado al auxiliar de sus funciones de manera preventiva, pero con la sentencia penal firme y el informe recibido en junio de este año, se concretó su baja definitiva de la administración pública.

La política de “tolerancia cero”

Desde el inicio de su gestión, Figueroa impulsó una política de depuración de la planta estatal, con sanciones y expulsiones a trabajadores implicados en faltas graves, delitos o ausencias injustificadas. “Se terminó con las demoras heredadas de la gestión anterior, que permitían que empleados sin presentarse a trabajar o con sumarios abiertos siguieran cobrando sueldos”, señalaron fuentes oficiales.

Con estas dos nuevas expulsiones, el listado de agentes separados del Estado provincial continúa creciendo, en línea con la estrategia del actual gobierno de “recuperar la disciplina y la transparencia” en la administración pública.