La Contraloría Municipal elevó un duro informe al Concejo Deliberante —con copia directa al intendente— a través de la Nota N° 2.061/2026, sacando a la luz graves falencias, boicots y falta de fiscalización en el uso de la flota oficial del municipio.
A pesar de que en 2025 el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N° 15.278 —la cual obliga a instalar dispositivos de geolocalización (GPS) en la totalidad de los rodados para auditar su recorrido y uso exclusivo en tareas oficiales—, las auditorías demostraron que el control es sumamente deficiente.
Máss de la mitad de la flota, sin control estatal
Actualmente, el municipio cuenta con un parque automotor de 133 vehículos (entre automóviles, camionetas, camiones y maquinaria vial). Sin embargo, solo 48 cuentan con GPS instalado y 85 permanecen sin ningún tipo de seguimiento.
Según el organismo fiscalizador, la adquisición del resto de los equipos era responsabilidad del Ejecutivo Municipal. El plazo estipulado para concretar las compras venció en septiembre y los dispositivos jamás fueron adquiridos.
Dispositivos sin colocar, boicots diarios y ausentismo
El informe de la Contraloría destapó una serie de maniobras llamativas dirigidas a evadir los controles:
- Equipos guardados en cajones: De los 48 GPS adquiridos, 14 siguen sin instalarse. De ese total, seis los recibió el subsecretario de Servicios Públicos hace meses y otro el de Obras Públicas, sin que hayan sido colocados.
- Apagados intencionales: Varios GPS figuran sin señal o desconectados. En un caso particular, se detectó que el dispositivo es desenchufado deliberadamente todas las tardes al finalizar la jornada y vuelto a conectar a la mañana siguiente.
- Un equipo robado: Se constató el robo de uno de los sistemas GPS, por el cual hay un sumario administrativo abierto que aún no registra resolución.
- Rebeldía de los choferes: La Contraloría citó a los conductores municipales para auditar y revisar los vehículos, pero ninguno se presentó a la inspección.
- Errores de registro: Se detectó la recepción de patentes mal informadas y sistemas asignados simultáneamente a dos vehículos a la vez.
Uso particular de rodados públicos
Cuando los sistemas de monitoreo lograron funcionar de manera correcta, las auditorías expusieron usos indebidos. La Contraloría detectó que la camioneta asignada a la Subsecretaría de Deportes pernoctaba todas las noches en el domicilio particular del titular del área. Además, el primer movimiento matutino del vehículo coincidía con los horarios de ingreso escolar en dos colegios de la ciudad.
Tras la intervención del organismo fiscalizador y la notificación a las autoridades, el vehículo comenzó a guardarse donde corresponde: las instalaciones del gimnasio municipal Carriqueo.
Un gasto millonario sin reglamentación ni sanciones
El municipio abona mensualmente $1.800.000 a la firma YPF Rutas por el servicio de rastreo satelital, un desembolso que en la actualidad se aprovecha solo en dos tercios debido a las fallas e incumplimientos.
El informe remarca que el Poder Ejecutivo tampoco reglamentó la ordenanza ni fijó un cuadro de sanciones, lo que genera que cualquier uso indebido de los bienes públicos carezca de consecuencias para los infractores.
Ante este escenario, la Contraloría adelantó que presentará ante el Concejo Deliberante un proyecto de reglamentación que contemple sanciones estrictas, al tiempo que ya inició un cruce sistemático de los datos de recorrido emitidos por el GPS con los vales de carga de combustible para detectar posibles inconsistencias financieras.
«En los dichos, los funcionarios apoyan el control. En los hechos, hacen todo lo posible para evitarlo», sentenciaron desde el organismo de control al hacer públicos los hallazgos.
