Así se desprende de la resolución administrativa que emitió el juez Administrativo de Faltas de nuestra ciudad, Carlos Sánchez Galarce, sobre la obra de construcción clausurada el pasado miércoles 6 de mayo.
Cabe recordar que en la obra ubicada en avenida San Martín 820, trabajaban nueve obreros oriundos de San Carlos de Bariloche, que ingresaron a la ciudad con permisos con datos claramente «inexactos». Los trabajadores vivían y dormían allí en una habitación de 3 metros por 3 metros, según se desprendió de la denuncia realizada por el delegado de UOCRA, Guillermo Olarán, y constatado por la secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable.
Este lunes el juzgado de Faltas le impuso una multa al arquitecto Rocchia que lleva adelante la obra de $22.500, por «la inexactitud de los documentos» y declarando el sobreseimiento sobre las condiciones en las que vivían los trabajadores. El juez aclara en la resolución que en virtud de las fotos aportadas «se advierte claramente que, por una parte, existe un local destinado a acopio de materiales y, por la otra, una vivienda donde se alojaban los obreros de la obra. En efecto, se aprecian los camastros, la mesa, la cocina, la heladera y la estufa». Es decir que no consideraba que vivan en un hacinamiento como se dijo y se demostró.
En comunicación con RSM, Olarán expresó que «las fotos muestran claramente que la casilla era de 3 metros por 3. Había 9 personas que comían, dormían y vivían allí. Yo lo a invito a constatar las condiciones en las que vivían los empleados de la construcción. Hace falta utilizar sentido común».
Por otra parte, Saúl Castañeda, subsecretario de Gobierno y representando al municipio que obra como querellante en la causa, también expresó a medios provinciales que el fallo pone en riesgo la salud de los obreros y del conjunto de los sanmartinenses, pues no se respetaron los protocolos para prevenir el contagio de coronavirus. Pese a que el juzgado de Faltas autorizó a continuar con la obra, Castañeda fue tajante y aseveró que el municipio no habilitará la obra.
En total desacuerdo con lo expresado legalmente por Sánchez Galarce, Castañeda mostró su preocupación por la postura tomada por el juez de Faltas. Se resolvió muy rápido, en menos de una semana, sin valorar «la dimensión de la situación».
Además explicó que como los obreros provenían de Bariloche, una ciudad con gran cantidad de contagios, fue un riesgo que los trabajadores permanecieran «hacinados», sin respetar las distancias sociales recomendadas para prevenir el contagio.
Este martes por la mañana, en una reunión entre Saloniti y su equipo legal, evaluaron las estrategias para apelar y avanzar en una causa penal. RSM pudo averiguar que desde el edificio municipal están muy sorprendidos y molestos por la postura tomada por el juez de Faltas. Resta esperar en los próximos días cuál será el desenlace de la situación.
Resta aclarar que los obreros por estas horas se encuentran habitando dos viviendas en el barrio San Fernando, propiedad de los dueños de la obra, en condiciones totalmente diferentes a las que tenían cuando habitaban la pequeña casilla.
