Desde las 8 hs de este lunes, alrededor de 12 familias en la localidad de Junín de los Andes volvieron a la Ruta Nacional 40 a realizar un corte total en reclamo de la entrega de terrenos. Los manifestantes se encuentran a la altura del Puente de Curruhué y mantienen cortada la circulación de ambas manos. Cada 15 minutos gracias a la intervención del personal de Gendarmería y de la Policía de la Provincia, realizan una apertura para el paso de los automovilistas.
Cabe mencionar que este domingo, luego de que los manifestantes que reclaman terrenos al municipio, hubo forcejeos, manotazos, empujones, insultos y hasta golpes de puño entre los automovilistas que esperaban poder circular y quienes reclamaban.
«Hubo insultos, forcejeos y agresiones, a mi me rompieron la boca y la nariz. Ante los incidentes no recibimos ningún tipo de atención medica. Nosotros no queremos la violencia, lo que pedimos, y el intendente lo sabe, es que nos reubiquen en algún loteo social y que saquen la posta policial de la toma», mencionó uno de los manifestantes.
El intendente de Junín de los Andes, Carlos Corazini, precisó este domingo que las personas que reclaman son «un grupo de 12 familias conformado por personas que vinieron de Cutral Co, otras de Santa Fe y otras familias que bajaron de la zona rural de distintos parajes de las comunidades».
«Se instalaron en un terreno que estaba previamente usurpado, desde hace 20 años, que pertenece al IPVU (Instituto Provincial de la Vivienda) y no es municipal. Sobre el terreno ya hay un orden de desalojo de la justicia emitida en marzo de 2020 por el juicio ganado por el organismo a la persona que lo tomó originalmente. Por esa razón, a la gente que ahora está ocupando no se le puede ceder el terreno. Por otro lado, hay una orden la de la fiscalía de que no ingresen materiales a ese lugar por lo cual se dispuso una vigilancia permanente de la policía las 24 horas», indicó el jefe comunal.
El intendente aclaró que agotaron todas las instancias para resolver el problema y ahora está en manos de la justicia. «Los manifestante estuvieron en Casa de Gobierno el miércoles pasado donde me pidieron si poda dialogar con ellos, este era el cuarto encuentro, ya que en Junín mantuve otros encuentros siendo el último un poco complicado porque hubo amenazas. En el Ministerio de Desarrollo Social, que intervino por pedido de la Defensoría del Niño y el Adolescente, se les ofreció la provisión de víveres, un aporte de alquiler de 20 mil pesos mensuales, el cual rechazaron y desmintieron», relató Corazzini.
