Tras conocer que la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, con la firma de los jueces Alejandro Adrián Silva y Simón Pedro Bracco, el pasado jueves, dictó el procesamiento de cuatro guardaparques por homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público, desde la Administración de Parques Nacionales, rechazaron dicho procesamiento y dicha postura la hicieron pública también en las redes sociales.
«Desde Parques Nacionales vivimos esto con mucha preocupación. Si bien es un hecho que ocurrió hace mucho tiempo, me he tomado el trabajo de leer algunos antecedentes judiciales y administrativos vinculados al caso y la verdad lo que tengo que decir es que no encuentro ninguna situación que permita siquiera sospechar la existencia de responsabilidad o negligencia en el trabajo que desarrollaron los trabajadores de Parques Nacionales en esa situación», indicó Lautaro Erratchu a Radio Nacional, Presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), quien además también es abogado.
Vale aclarar que Erratchu, al momento de haberse registrado la caída de los dos árboles en el camping Lolén el 1° de enero de 2016, no se encontraba en el cargo que hoy ocupa.
El actual procesamiento de los cuatro trabajadores del Parque Nacional Lanín y en los concesionarios del camping, tiene como principal objetivo determinar si el incidente puedo evitarse.
Sobre el actuar de la Justicia, Erratchu manifestó en Sintonía Lanín que «es preocupante que pretenda endilgarle a los trabajadores de Parques Nacionales situaciones que son producto de hechos naturales, de hechos fortuitos y la verdad es que son hechos intrínsecos a la habilitación o a la estadía de las personas en los Parques Nacionales».
La Justicia entiende que hay elementos suficientes para determinar la responsabilidad de los trabajadores, entendiendo que se podrían haber evitado las dos muertes de los niños de nuestra ciudad al caerse un árbol de 40 metros dentro del camping que había concesionado el Parque Nacional Lanín. Es por ello que dictó el procesamiento y esto se terminará de dilucidar en un juicio oral. Si bien hay instancias y recursos de apelación, esta noticia conocida en las últimas horas, puso en alerta a la APN.
Para concluir Erratchu explicó que desde APN se brinda el apoyo entendiendo que no hay elementos para sospechar que haya habido negligencia por parte de los trabajadores. «Hay cosas que se pueden preveer y por supuesto que la APN trabaja y tiene una historia en la prevención y en la atención de emergencias que es reconocida por la sociedad en general. Pero también es cierto que hay un montón de circunstancias que son imprevisibles que son producto de la naturaleza y que quien visita un parque nacional tiene que saber que esto es así».
Desde Parques Nacionales en un comunicado que expresaron a través de las redes sociales indicaron que «con motivo de la Sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que dicta el procesamiento judicial a trabajadores de la APN en el marco de la causa «Lolén», la Administración lo la rechaza tajantemente y brinda total apoyo a su personal por considerar que la medida refleja una aplicación arbitraria de la normativa y un evidente desconocimiento sobre los riesgos intrínsecos de toda área agreste. Al mismo tiempo manifiesta su total comprensión y solidaridad con los familiares de los niños fallecidos».
«Los Parques Nacionales donde los trabajadores desempeñan sus tareas son espacios agrestes, por lo que es absolutamente imposible pretender que la responsabilidad de los trabajadores se extienda sin ningún tipo de límite al momento de prevenir situaciones generadas por fenómenos naturales inmanejables en predios de miles y miles de hectáreas. El personal del APN cuenta con un alto grado de profesionalismo y capacitación en prevención de emergencias que es reconocido por la sociedad en su conjunto».
«Trabajamos para que los Parques Nacionales sean cada vez más visitados por toda la sociedad, pero ello se vuelve imposible si el poder judicial no comprende qué implica visitar un área protegida y los fenómenos naturales que allí se producen».
En ese sentido el Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (Sigunara) se declaró en estado de alerta «por la vulnerabilidad penal» de los guardaparques.
«Compartimos el inmenso dolor de los familiares. Nada se compara con la pérdida de la vida de los niños. Sin embargo, esto no es responsabilidad de los guardaparques. Pretender que deban prevenir daños a particulares provocados por elementos y fenómenos de la naturaleza en millones de hectáreas, es imposible», manifestaron.
Hicieron público el cuestionamiento a los magistrados entendiendo que «parecen desconocer el funcionamiento de los Parques Nacionales y la realización de actividades turísticas en zonas agrestes». «Llevar adelante evaluaciones en zonas agrestes es impracticable,sobre todo por los millones de árboles, animales peligrosos para el ser humano, accidentes geográficos riesgosos, entre otros riesgos», señalaron.
El sindicato cuestionó con dureza a la APN para que asista legalmente a los guardaparques imputados y «se exprese públicamente respecto a este caso puntual, pero en general de los riesgos potenciales existentes en las áreas protegidas». Solicitaron presentar un amparo general ante la Corte Suprema de Justicia a fin de garantizar la seguridad jurídica y laboral del personal afectado a terreno.
