Por las estafas con los planes sociales ordenaron detener a tres personas

Una serie de allanamientos se realizaron durante la mañana de este jueves en distintos puntos de la ciudad de Neuquén. Se llevaron a cabo en casas particulares, una chacra, relacionada con el dueño de un local comercial – también allanado – ubicado en Carlos H Rodríguez, entre Brown e Irigoyen. El dueño del comercio gastronómico es el ex director de Planes Sociales de la Provincia, Ricardo Soiza.

Los otros dos buscados Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización, y Marcos Osuna, quien estaba el frente del Departamento de Gestión de Programas Sociales, estarían prófugos. Pablo Vignaroli, fiscal jefe, se hizo presente en el lugar.

Las diligencias judiciales están supervisadas por el Fiscal Juan Narváez. Todos los allanamientos estarían relacionados con la causa planes sociales.

Vale mencionar que los tres habían sido acusados en noviembre de 2022 como los jefes de una asociación ilícita que con la que cometió un fraude por unos 63 millones de pesos con tarjetas de débito de planes sociales. Otras 17 personas también fueron acusadas: algunas como reclutadoras de beneficiarios ficticios y otras como extractoras del dinero en los cajeros automáticos.

Dicha investigación fiscal provocó la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, en medio de un tenso clima político.

A fines de noviembre de 2022, la jueza Estefanía Sauli, a pedido de la fiscalía dio por formulados cargos por asociación ilícita y defraudación a 20 personas que participaron de la maniobra.

Por ahora se están realizando las medidas judiciales solicitadas por el fiscal Narváez y reina el hermetismo.

Estafa con planes sociales en Neuquén: la causa

La investigación del fraude con las tarjetas de débito se conoció a finales de julio. Un beneficiario de los planes denunció que le habían vaciado la cuenta y radicó la denuncia en el BPN.

La maniobra que se investiga es la entrega de subsidios por unos $8 mil donde los beneficiarios recibían las tarjetas con las claves, pero las tenían que entregar a otras personas –que no eran los titulares de cuenta- para hacer las extracciones en los cajeros. Pero los montos de los subsidios eran mayores, alrededor de $50 mil y los beneficiarios nunca se enteraban. El banco tiene registros fílmicos de las maniobras, que la fiscalía analizó en detalle cientos de documentos que llevaron a que la investigación sea declarada compleja y se diera un plazo de un año de investigación.