Docentes de la Unidad de Detención de nuestra ciudad vuelven a reclamar un espacio para dictar clases

El equipo del Centro Educativo Provincial Integral (CEPI) que en San Martín de los Andes funciona en la Unidad de Detención N° 42, detrás del edificio de la Comisaría 43, realiza medidas de fuerza. Es la segunda vez, desde el año 2016 en que comenzaron las actividades, que reclaman porque nunca lograron un espacio educativo para garantizar las condiciones mínimas de dictado de clases.

“No hemos tenido nunca aulas, ni tampoco sede administrativa como tiene cualquier escuela”, explicó Nery Sola, profesora y coordinadora del CEPI en nuestra ciudad, cuando fue entrevistada en RSM Radio. Con las condiciones de sobrepoblación del centro de detención, que es similar en toda la provincia, no se pueden dictar las clases ni los talleres.

“Básicamente, comenzamos dando clases en lugares que no correspondía como en una cocina dentro del pabellón donde están los internos, o dentro de un pequeño patio. Eran lugares en los que no se podía estar pero, los hacíamos para garantizar el derecho a la educación”, añadió la docente.

En el nivel medio son 9 docentes mientras que en el nivel primario da clases un profesor y hay talleres estético expresivos y de formación profesional con dos docentes más. La matrícula varía con los años, pero en general se fue reduciendo. “Cuando comenzamos, todos los internos participaron de un espacio formativo y hoy esto no se puede lograr”, explicó Nery Sola.

El reclamo busca lograr espacios dignos de trabajo y de estudio para el funcionamiento de nuestra institución en todos sus niveles. Para ello se requiere la construcción de aulas propias, y oficinas por fuera de los pabellones de la Unidad de Detención. También se busca la asignación de una sede propia, que permita llevar a cabo las tareas administrativas, así como el trabajo institucional que corresponde con la labor docente.

En su momento, junto al Concejo Deliberante se trabajó para anexar un lote que es de dominio municipal para la construcción de una sede. Sin embargo, cuando el proceso estuvo casi terminado, faltaba una nota del área de Seguridad de la Provincia que se demoró dos años. Con la resolución del legislativo, se anexó el lote, pero al momento de presentar el proyecto para construir o instalar containers, no salen las aprobaciones de seguridad.