Según se indica se redujo la cantidad de prestadores habilitados, incumpliendo las obligaciones y “generando un servicio absolutamente insuficiente y deficiente para atender a los afiliados de la obra social y prepaga en las diferentes especialidades y patologías”. Esto atenta contra la atención médica oportuna, integral y eficaz, vulnerando los derechos e incumpliendo la misión institucional.
Tal como se detalla, se interrumpieron la atención y tratamiento que venían recibiendo los afiliados, por parte de los profesionales de distintas disciplinas, de diagnóstico y tratamiento, generando “daños y perjuicios irreparables” en el derecho de acceso a los servicios médicos y, por consiguiente, a la salud. En contrapartida, a los afiliados le siguen descontando de sus salarios el aporte a la obra social, por un servicio que se ha tornado prácticamente nulo, en cuanto a la necesaria disponibilidad de profesionales, la atención de especialidades y de innumerables prácticas médicas, y contrario a toda ética comercial y profesional.
En este sentido, desde el sindicato denuncia que con este accionar “se lesiona de forma actual nuestro derecho a la salud, de raigambre constitucional, y nos coloca en un estado de indefensión y abandono que apareja serias consecuencias para la salud psico-física y poniendo en riesgo la vida de cada uno de los afiliados y sus familiares y los restantes afiliados a UP (Plan Classic) y Accord Salud (en todos sus planes)”.
